En medio de la profusa agenda de actividades programadas para recordar los 50 años del último golpe militar en el país, la Memoria abocada al rescate del pasado reciente abre también un espacio esencial de recuerdo y reclamo de justicia en el partido de San Martín a la secuencia de detenciones irregulares y fusilamientos que siguió a la trágica interrupción del proceso democrático en 1955.
De ese mojón determinante para el rumbo social y político que signaría el futuro del país se cumplirán siete décadas el 9 de junio y, para preservarlo de las acechanzas del olvido colectivo, Laura Lagar -directora de Desarrollo Sociocultural de la Municipalidad de San Martín, integrante de la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia y del Movimiento de Derechos Humanos del distrito- y el periodista Gastón Garriga decidieron volcar en un libro relatado por múltiples voces el fuerte impacto que siguen ejerciendo sobre los familiares esos hechos nunca debidamente esclarecidos.
La fría letra de la crónica -reconstruida por el periodista y escritor Rodolfo Walsh en “Operación Masacre”- refiere al asesinato por parte de una patrulla policial de cinco militantes de la Resistencia peronista en los basurales de José León Suárez, a las 3,30 de la madrugada del domingo 6 de junio de 1956. Otros siete detenidos lograron escapar a la balacera, sobrevivieron y sacaron a la luz los detalles de esa irregular condena a muerte. Todos ellos habían sido sorprendidos por una patrulla de la Policía bonaerense en una casa de la calle Yrigoyen, en Florida oeste, partido de Vicente López, donde se aprestaban a transmitir por radio una proclama del general Juan José Valle, una vez que concluyera la transmisión de una pelea del “Zurdo” Eduardo Lausse contra Humberto Loayza.
Un monumento se levanta hoy en el terreno señalizado desde 2013 como “Sitio de Memoria”, donde cayeron Nicolás Carranza, Vicente Rodríguez, Mario Brion, Carlos Lisazo y Francisco Garibotti, en 9 de Julio y Avenida Juan Manuel de Rosas. Mientras tanto, los familiares esperan que la jueza Alicia Vence -a cargo del Juzgado Nº 2 de San Martín- reactive la causa y dictamine que se trató de un crimen de lesa humanidad.
“Los testimonios volcados en un libro sobre esa noche y lo que ocurrió después desde la perspectiva de las familias de las víctimas apuntan a crear identidad, que esa historia ocultada durante décadas se instale en la currícula de las escuelas para que sea material de estudio para los alumnos y que esas historias de vida sean recordadas junto a las de los 314 desaparecidos de la última Dictadura en el partido de San Martín”, señala Lagar, que lleva el total de sus 61 años viviendo en San Andrés, a la vuelta del lugar establecido en 1848 para una ejecución aún más conocida: la de Camila O’Gorman y el sacerdote tucumano Ladislao Gutiérrez.
El trabajo de investigación a dúo que llevaron adelante Lagar y Garriga fue plasmado primero en una película documental. “Me interesaba conocer cómo reconstruyeron su vida los familiares, cómo recuperaron momentos de sus infancias. Es que, si no hay reparación, es como que ese crimen se repite todos los días. Memoria completa es profundizar en las causas y antecedentes de la última Dictadura: la impunidad de los crímenes de la del ’55 fue condición necesaria de la del ‘76”, puntualiza el comunicador y docente universitario.
“Tres objetivos soñados e irrenunciables de esos militantes de la Resistencia contra el Golpe de 1955 están hoy en peligro: la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Hay un hilo conductor de los ’50 a los ’70 y a la actualidad”, advierte Adriana Moyano de Lisazo, cuñada de Carlos Lisazo, uno de los fusilados de 1956.
Por su parte, Berta Carranza, hija de Nicolás Carranza, pondera: “éramos seis hermanos de entre 45 días y 12 años. Yo tenía 2 años y estoy convencida de haber tenido el mejor padre que pude. De eso estoy orgullosa por que tengo memoria, busco verdad y quiero justicia.
Una somera semblanza acerca del Carranza padre y militante político podría aplicarse -con leves diferencias- a cualquiera de los 33 fusilados registrados en el país durante los primeros meses del Gobierno de facto del general Pedro Aramburu: vivía en el barrio Obrero de Boulogne (partido de San Isidro) era trabajador ferroviario en trenes de larga distancia, integraba la agrupación Camareros Misioneros de Perón, se había encolumnado en las filas de la Resistencia y se daba tiempo para combinar la actividad política a puro sobresalto con la ayuda a los más necesitados y la dedicación a la familia. “Me robaron a mi papá y mi infancia”, clama Berta Carranza, decidida a defender el honor de su familia y reivindicar las consignas de un puñado de luchadores que aspiraban al bien común.
