Florida se prepara para aplicar una ley que ya genera fuerte debate político y social. A casi una semana de que el gobernador Ron DeSantis promulgara la norma HB 1471, la preocupación crece. La regla, que empezará a regir el 1 de julio, introduce cambios en materia de seguridad, financiamiento público y funcionamiento de instituciones educativas.
El eje central de la legislación, apodada «Anti Sharia», es la creación de un marco estatal propio para identificar organizaciones consideradas terroristas, tanto nacionales como extranjeras. ¿La novedad? Esta clasificación quedará bajo la órbita de autoridades de seguridad de Florida y requerirá la validación del gobernador y su gabinete.
A partir de esa designación, la ley establece sanciones para distintos tipos de vínculos con esos grupos. Entre las conductas penalizadas se encuentran:
- Recibir entrenamiento de carácter militar.
- Aportar recursos económicos o logísticos.
- Integrarse a una organización bajo su dirección.
Hay un riesgo que deberá ser saldado por la junta del gobernador en cada caso, el de equiparar a bandas criminales como el Tren de Aragua o el MS-13 con movimientos políticos de extrema izquierda como Antifa o con organizaciones comunitarias como el Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas (CAIR, por sus siglas en inglés).
Entre sus postulados, la normativa habilita la disolución administrativa de entidades que mantengan relación con organizaciones incluidas en esa categoría.
Otro punto clave es la prohibición del uso de fondos públicos para actividades que respalden directa o indirectamente a estos grupos. Esta restricción alcanza a un amplio espectro de instituciones, lo que incluye desde organismos estatales hasta universidades.
En el ámbito educativo, la ley dispone que cualquier estudiante que sea considerado promotor de una organización clasificada deberá ser expulsado de inmediato. También perderá acceso a becas, subsidios y otros beneficios estatales. En algunos casos, podría enfrentar costos más altos en la matrícula.
Las universidades deberán, además, informar a las autoridades federales sobre estudiantes con visa que se encuentren en esa situación. Esto introduce un nuevo nivel de control que preocupa a sectores académicos.
Today in Tampa, I signed HB 1471 to protect Floridians’ constitutional rights from the application of foreign and religious laws, including Sharia law.
This legislation also establishes a framework to combat terrorist organizations and ensures greater accountability for our… pic.twitter.com/zdeukUk2nj
— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) April 6, 2026
La legislación también incorpora límites al uso de leyes extranjeras o religiosas en tribunales estatales cuando contradigan derechos constitucionales. El texto menciona de forma explícita la sharía, lo que generó críticas por parte de organizaciones civiles y referentes religiosos.
En Tampa Bay, grupos de derechos humanos expresaron su rechazo. Señalan que la norma otorga amplios poderes al Ejecutivo estatal y advierten sobre posibles efectos en la libertad de expresión y el debido proceso.
Desde el gobierno estatal sostienen que el objetivo es reforzar la seguridad y garantizar que los recursos públicos no se utilicen en actividades contrarias a la ley. Sin embargo, el alcance de la normativa abre interrogantes sobre su aplicación práctica.
To uphold the rule of law, our state must operate under one legal system, the Constitution must remain the law of the land, and we must defend our institutions from those who would harm us—especially terrorist organizations that seek to infiltrate and subvert our education… pic.twitter.com/dyUHJCnBux
— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) April 6, 2026
Mientras se acerca la fecha de implementación, universidades, organizaciones civiles y especialistas analizan las implicancias de una ley que podría marcar un cambio profundo en el estado.
