Algoritmos y bases interactivas, las nuevas iniciativas para buscar personas desaparecidas

Profesionales forenses de antropología, medicina y biología compartieron diferentes iniciativas en las que trabajan para buscar personas desaparecidas e identificar personas encontradas en la Argentina actual, centradas en el tratamiento de datos genéticos y no genéticos, la sistematización de información judicial, y desarrollos matemáticos y algoritmos, bajo el desafío de producir «un idioma común» interjurisdiccional e interdisciplinario en los registros, en un contexto de «falta de sistematicidad en la recolección de datos» a nivel nacional.

«Hay una sorprendente falta de sistematicidad en recolección de los datos de personas desaparecidas y de personas encontradas sin identificar» en el país, comenzó contando a Télam el antropólogo investigador del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Carlos «Maco» Somigliana, en el marco de una reunión de trabajo realizada a fines de abril, por el convenio de colaboración que en diciembre pasado firmó el organismo con la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) -excepto Provincia de Buenos Aires-, para promover el intercambio de información forense que permita la identificación de personas que hayan sido inhumadas sin identificar desde 1980 hasta el presente; con el objetivo de reunir y sistematizar la información para «construir una base de datos forense con fines identificatorios», que servirá tanto para casos ya iniciados como para futuros casos.

En la actualidad, «no hay un número cierto de personas desaparecidas y de personas halladas por el Estado que no hayan sido identificadas», agregó, e hizo hincapié en que, además es necesario saber quiénes son las personas buscadas y si hay vigencia en la búsqueda, porque «muchas de ellas aparecieron y esto no se anotó».

No obstante, aclaró que, si bien se piensa que «‘el Estado tendría que hacerse cargo’, que es cierto, también hay que pensar el cómo y hasta dónde puede hacerlo sin avasallar otras cuestiones. Tiene que tener mucho control. Que una persona esté siendo buscada, no quiere decir que quiera ser encontrada. Es muy aconsejable que actúen otros actores aparte del Estado», advirtió.

A su vez, existe un problema respecto a las personas encontradas porque «todo está cuadriculado por la jurisdicción», subrayó Somigliana.

El sistema al que aspiran EAAF y JufeJus tiene como premisa ser una herramienta «sencilla» donde puedan volcarse los datos de los expedientes judiciales y puedan cruzarse datos de todo el país. No obstante, este tipo de sistemas «son pocos» en Latinoamérica, aclararon.

«Cuando una persona es encontrada y no tiene huellas, va al cementerio, donde los restos permanecen cuatro o cinco años. Si no hay una orden judicial de ‘no innovar’, lo mandan a osario. Si no guardaron las muestras, -que en su mayoría no las guardan-, la última posibilidad de identificar a esa persona se perdió en el cementerio»Carlos «Maco» Somigliana

Desde el EAAF, equipo pionero, señalaron también que se necesita a nivel nacional una base de datos forense de personas aparecidas, una página y una base de datos de todas las personas que están siendo buscadas con altas y bajas y con la mayor cantidad de información que se pueda pública de actualización constante.

Por otra parte, destacaron que para investigar «la clave está en la causa, no en el cementerio», porque ésta incluye información del cementerio, pericias, elementos asociados al hallazgo, información de la huella digital, y a dónde fue esa huella.

«Cuando una persona es encontrada y no tiene huellas, va al cementerio, donde -los restos- permanecen cuatro o cinco años, dependiendo de la reglamentación del municipio donde esté ubicado. Luego, si no hay una orden judicial de ‘no innovar’ que diga que ‘no lo manden a osario’ -una fosa común llevan a todos los restos exhumados de NN-, que tendría que haber en estos casos, lo mandan a osario. Si no guardaron las muestras, -que en su mayoría no las guardan-, la última posibilidad de identificar a esa persona se perdió en el cementerio», explicó el investigador.

Aún así, «el problema no es del cementerio -resaltó-, aunque sea el último eslabón, sino de la falta de sistema».

En la actualidad, se hace «con deficiencias con personas que tienen huella digital», pero «el sistema es el mismo que hace 50 años y el ADN se está usando de manera limitada», cuestionó el antropólogo.

Por su parte, la médica forense del Poder Judicial de Tierra del Fuego, Inés Aparici, quien coordina el proyecto en Jufejus, rescató que «en algunas provincias se están iniciando trabajos de investigación, pero son iniciativas muy recortadas y aisladas».

En tanto, la antropóloga del EAAF, Mariana Segura, explicó que necesitan un sistema para poder investigar porque, por más de que los fiscales sean muy comprometidos, «se van topar con un muro que no pueden cruzar solos».

«Ante un caso, el fiscal se da cuenta que tiene que ir fiscalía por fiscalía, preguntando ‘¿vos tenés una persona desaparecida?’, y que tiene que tocar 200 timbres -ampliando cada vez más la zona de búsqueda-«, completó Segura.

Luego de cinco meses de haber firmado el convenio -feria judicial mediante-, el EAAF y Jufejus ya realizaron el relevamiento de las provincias con capacidad de disponer, en sus cuerpos forenses, de la estructura necesaria para poder dedicarse a esta tarea de pesquisa sobre los expedientes judiciales -explicó Aparici- y ya son 9 las que confirmaron su participación.

«No todas tienen recursos para destinar a esta tarea. Un integrante -o más- del equipo forense va a tener que trabajar de forma coordinada con el Superior Tribunal de esa provincia y con los tribunales que intervinieron en los casos», completó.

A partir de esos expedientes determinarán qué buscan y cuáles serán las variables a trabajar y recopilar.

Entre las variables, el EAAF propuso detallar: expediente, juez, fecha y lugar (para trazar a dónde deberán informar los hallazgos). También, sexo y edad aproximada, huella digital presente o ausente, la calidad de la huella, presencia de tatuajes y prótesis, entre otras.

La idea que tienen es empezar con los casos de personas aparecidas no identificadas, porque «son casos indudables», precisó Somigliana, y explicó que «una huella digital es una variable de identificación directa punto a punto, con la que se puede identificar una persona. La otra variable es el ADN, y en determinadas jurisdicciones estas muestras se empezaron a guardar hace muy poco».

«Aunque tengamos la mejor tecnología del mundo, como el ADN, no sirve porque lo que no podemos lograr es que se arme una página web en donde estén todas las personas buscadas», concluyó Segura.

Por su parte, el biólogo e investigador de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPaz), Franco Marsico, que desarrolla herramientas para búsqueda de personas desaparecidas, basándose en la formalización jurídico matemática y el desarrollo de algoritmos para establecer una dialéctica entre la evidencia genética y no genética, dijo a Télam que, en los casos donde hay mayor cantidad de datos, es posible implementar algoritmos para optimizar la toma de decisiones y crear bases de datos.

«Si hay restos humanos y un conjunto de personas que están buscando una persona desaparecida, la genética puede colaborar un montón», definió, porque «permite establecer un vínculo entre ese cuerpo de la persona desaparecida y sus familiares biológicos, siempre que los haya».

Sin embargo, a lo largo de su trabajo analizó también «las limitaciones del ADN» para llegar a una identificación en contextos donde es necesario incorporar líneas de evidencia y combinarlas con el ADN.

«Para aplicar algoritmos tiene que partirse de un estadío avanzado en la búsqueda que es, al menos, tener constituida una base de datos de personas buscadas y de personas que no han sido identificadas»Franco Marsico

En casos de migraciones en las que desaparecieron familias enteras, para recolectar información de distintas características son necesarios otros procesos, para los que participan otras disciplinas de la ciencia forense como la biología, la física, la matemática, la antropología, señaló.

«Para aplicar algoritmos tiene que partirse de un estadío avanzado en la búsqueda que es, al menos, tener constituida una base de datos de personas buscadas y de personas que no han sido identificadas», precisó el biólogo.

Asimismo, cuando entran en juego el uso de grandes volúmenes de datos, es necesario tomar decisiones y la ciencia forense presenta problemáticas, como «errores de tipeo en las bases de datos que pueden derivar en grandes complejidades en la toma de decisiones final» hasta en la resolución del caso y, si las decisiones no están documentadas o no son trazables, puede derivar en que un juez diga ‘no encontramos a esta persona, cancelamos una búsqueda’ o ‘no generamos una exhumación en un cementerio'», advirtió.

Además de considerar la posibilidad de errores y documentar el proceso de toma de decisiones en bases de datos, Marsico sugirió «empezar a plantear qué cosas se pueden hacer cuidando la información personal de los individuos para poder agilizar y generar datos útiles para la búsqueda, mediante herramientas de código abierto, trazables y con medidas judiciales y leyes que reglamenten su uso para «intentar resolver el problema de falta de información».

Télam solicitó información a fuentes de la cartera de Seguridad, pero, al día de publicación, no recibió respuesta.

La violencia machista y la burocracia estatal, entre las causas de desapariciones en la actualidad

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que, en la actualidad, las desapariciones de personas en Argentina «responden a distintos fenómenos», entre los cuales mencionó a la violencia machista, la violencia hacia las infancias, la violencia estatal, la criminalidad y el mal funcionamiento de las burocracias estatales.

«Una de las características centrales de la desaparición contemporánea es que sin una investigación exhaustiva es muy difícil saber de cuál de todos esos fenómenos se deriva. Ya que, a diferencia de las desapariciones que ocurren en el contexto de un plan sistemático, la explicación de las ausencias actuales no se puede deducir con un nivel de certeza razonable de un dispositivo comprendido de antemano: en la mayoría de los casos, siempre hay que agotar más de una hipótesis de investigación hasta poder dilucidarlas», sostiene el informe «Examen Periódico Universal – 4º Ciclo – Aporte al Examen de Argentina», que publicó en enero de este año el CELS, en instancia de lectura del informe anual que publica el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El CELS advirtió que en Argentina «no hay ningún banco de datos que permita realizar cruces fehacientes entre personas desaparecidas y personas encontradas vivas o fallecidas».

Y agregó: «Los déficits son tantos que hoy ni siquiera es posible saber con precisión cuántas personas están denunciadas como desaparecidas en la Argentina porque el Estado no ha sido capaz de construir un registro exhaustivo y actualizado de las denuncias».

No obstante, aclaró que «esto significa que no hay ningún banco de datos que permita realizar cruces fehacientes entre personas desaparecidas y personas encontradas vivas o fallecidas».

A pesar de que ya existen numerosos desarrollos tecnológicos que permitirían implementar un plan de identificación, construir bases de datos y/o hacer que esta información esté accesible en un sistema de búsqueda de personas, los archivos que conservan esta información «no están centralizados, en general están incompletos y acceder a ellos es una verdadera odisea burocrática (solicitando información a decenas de instituciones de distintas jurisdicciones, tales como morgues, cementerios, registros civiles, hospitales y fiscalías)», denunciaron desde el CELS.

Por último, recordaron que desde mediados de los ’80, el país promovió y adhirió a marcos normativos que buscan evitar la repetición de las desapariciones forzadas, uno de los rasgos principales de la represión estatal durante la última dictadura y, en el caso en el que ocurran, investigarlas y sancionar a sus responsables, tales como: la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1996), Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (2006), reforma del Código Penal Argentino para incluir el delito de desaparición forzada (2011).

No obstante, «ese marco normativo es necesario, pero no suficiente», concluyeron.