La Corte Suprema de Justicia dejó firme la decisión que ordena al Estado indemnizar a las víctimas de la tragedia de Once, que el 22 de febrero de 2012 dejó 51 muertos (entre ellos una mujer embarazada) y por la que fueron condenados ex funcionarios y empresarios a cargo del servicio. El máximo tribunal rechazó recursos presentados por el propio Estado y una aseguradora en distintas causas. Y abre un escenario en el que puede ocurrir lo mismo con decenas de demandas y reclamos en el mismo sentido.
Con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se desestimó por inadmisibles los planteos contra fallos que habían hecho lugar a las demandas de Fabio Reynaldo Flamenco y Patricia Delgado Ferreira, ambos heridos, y José Luis Torres Amarilla, su esposa y su nieta menor de edad, a raíz de la muerte de su hija que iba en el tren Sarmiento.
«Esto representa un antecedente. Pero cada caso es individual. Creo que el Gobierno debería avanzar en una ley que asuma la responsabilidad e indemnice a las familias de los fallecidos acortando los tiempos», le dice a Clarín Leonardo Menghini, abogado que participó de los juicios y tío de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas de la tragedia.
«Cada familia que creyó tener un reclamo lo hizo. Cada caso que llega a la Corte es individual. Entonces, el proceso es muy lento. Pensá que estos son los primeros casos después de 14 años. Y la verdad es que muchas familias han quedado desamparadas y el daño ya está hecho», amplío Menghini, y enfatizó: «El Estado nunca asumió la responsabilidad. Ningún gobierno lo hizo, sabiendo que esto es lo que iba a pasar, que el Estado es responsable. Entonces, lo que yo digo es que el Estado debería asumir la responsabilidad, hacer una ley de indemnización. Hay proyectos que nunca fueron tratados. Lo podría hacer por decreto y asumir una responsabilidad, por lo menos con los fallecidos».
Además, explicó que cada fallo es individual. Y las resoluciones de la Cortes son para cada fallo en particular. Entonces, más allá del antecedente de la decisión de este jueves no es que se fija las condiciones para todos.
El choque se produjo cuando una formación de esa línea, con unas 1.200 personas a bordo, impactó contra los paragolpes de contención en la estación Once, lo que dejó 51 muertos y cerca de 800 heridos.
En instancias previas, la Justicia había condenado al Estado Nacional, a la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), al maquinista Marcos Córdoba y a la aseguradora a pagar indemnizaciones, al considerar que existieron fallas en la conducción, deficiencias en el servicio y falta de control estatal.
La Cámara Civil confirmó esas responsabilidades y sostuvo que la seguridad del servicio ferroviario era compartida entre el concesionario y el Estado, que omitió ejercer un control efectivo.
El Estado había cuestionado su responsabilidad al atribuir el hecho al maquinista y a la empresa concesionaria, pero la Corte rechazó esos argumentos y dejó firmes las sentencias.
En el primero de los juicios por la tragedia fue en 2014, cuando el Tribunal Oral Federal 2 condenó a 18 empresarios, dos funcionarios y el conductor, y ordenó profundizar la investigación hacia más funcionarios.
En 2018 la Cámara Federal de Casación Penal absolvió a uno de los condenados y redujo el resto de las penas. El fallo quedó firme en la Corte Suprema.
En 2018, en el segundo juicio, absolvió al ex ministro de Planificación Julio De Vido por el delito de estrago, pero lo condenó por administración fraudulenta. La pena fue debatida en Casación y la Corte Suprema, que el año pasado dejó firme la condena a 4 años de cárcel.
Tras la causa iniciada por Flamenco, Delgado y Amarilla, en primera instancia se condenó al Estado, a TBA, al motorman Marcos Córdoba y a la compañía de seguros a pagar las indemnizaciones y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la decisión, incluso elevando los montos.
En ese entonces se sostuvo que el maquinista había violado las reglas de buena conducción ferroviaria, y que la seguridad del servicio era una responsabilidad del Estado y de TBA, y que el Estado debía responder por no haber controlado el servicio.
Ahora, la decisión de la Corte permite determinar que sucederá lo mismo con el resto de los reclamos que están en proceso. Aunque deberá revisarse caso por caso.
