El diputado nacional por el PRO, Javier Sánchez Wrba, presentó hoy un proyecto de ley para restablecer el uso de las “franjas adyacentes” a las rutas nacionales para su explotación agrícola o siembra de pasturas.
Según indica el escrito elaborado por Sánchez Wrba y que lleva la firma de 10 legisladores de dicha fuerza política, el objeto de la ley es “habilitar el uso productivo agrícola de las franjas adyacentes a la calzada dentro de la zona de camino de las rutas nacionales, con exclusión de las banquinas y las franjas de seguridad establecidas por la normativa vigente”.
En su cuenta oficial de X, el funcionario legislativo, se busca “volver a habilitar el uso productivo de las banquinas ociosas de las rutas nacionales”, a partir de “dejar sin efecto la resolución que el kirchnerismo dictó en el 2008, en pleno conflicto con el campo por la 125, que de manera arbitraria dio de baja los convenios y prohibió la explotación de estas parcelas”.
“Tenemos que recuperar una práctica que supo generar valor, sumando hectáreas productivas para potenciar el desarrollo económico y destinar lo recaudado al mantenimiento de la red vial nacional para mejorar la infraestructura que tanta falta hace”, completó en la red social.
El proyecto establece que se otorguen “permisos de uso precario y oneroso para la siembra, cultivo y cosecha de cereales, oleaginosas y pasturas”, en donde los propietarios frentistas, arrendatarios o explotadores de los inmuebles linderos tendrán la prioridad, aunque en caso de no estar interesados, podrán obtener dicho permiso terceros.
Por supuesto que el proyecto prohíbe de manera expresa cualquier concesión o explotación que ponga en riesgo la seguridad vial.
Para esto, Sánchez Wrba busca que se derogue la Resolución 2018/2008 de la Dirección Nacional de Vialidad que prohíbe expresamente el uso de estas tierras para la explotación agrícola y establecer un nuevo marco regulatorio que permita tal actividad.
Para el legislador nacional, “esta decisión cercenó la explotación agropecuaria de varias superficies de dominio público, impidiendo su aprovechamiento productivo bajo esquemas regulados, controlado y con contraprestación económica para el Estado”.
Como precedente, Sánchez Wrba no solo nombró la resolución 1158/1996 que permitía esta actividad, sino también la Ley 10.342 de la Provincia de Buenos Aires que habilita a los municipios a concesionar estos espacios, como recientemente lo hizo el partido de 9 de Julio.
“En definitiva, la presente medida propone reemplazar una prohibición absoluta por un régimen regulado, técnicamente delimitado y jurídicamente sólido. Se trata de de administrar con racionalidad sectores del dominio público que hoy permanecen subutilizados, contribuyendo a incrementar la producción y al mismo tiempo generar recursos adicionales para el Estado”, concluye el proyecto.
