El Gobierno modificó el esquema de aumentos de tarifas del servicio de agua potable y desagües cloacales que presta AySA, mediante la Resolución 14/2026 del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS). La norma establece nuevos topes mensuales a los incrementos tarifarios y refuerza el control sobre la situación económico‑financiera de la concesión.
La normativa, publicada en el Boletín Oficial de este lunes, se dictó a partir del Marco Regulatorio aprobado por la Ley 26.221 y otorga continuidad al proceso de recomposición tarifaria iniciado en 2024, cuando la Secretaría de Obras Públicas fijó un mecanismo de actualización automática del denominado “Coeficiente de Modificación K”, vinculado a variables macroeconómicas.
En sus considerandos, el ERAS recordó que la fórmula original buscaba “acompañar la evolución de variables macroeconómicas para garantizar el equilibrio económico-financiero de la concesionaria, sin transferencias del Tesoro Nacional”. Sin embargo, durante 2025 se dispuso una limitación excepcional, que estableció un tope del 1% mensual.
La concesionaria AySA señaló que ese esquema generó un atraso acumulado, al advertir que “el atraso tarifario acumulado a la fecha (…) ha implicado el diferimiento de gastos e inversiones, así como la necesidad de recurrir a asistencia financiera para el sostenimiento del servicio”, con una pérdida estimada de ingresos de más de 95 mil millones de pesos.
Ante ese escenario, el ERAS había dispuesto a fines de 2025 un esquema parcial de convergencia. La Resolución 14/2026 introduce ahora una modificación a ese proceso.
En su artículo 1°, la norma establece que el aumento mensual efectivo no podrá superar el 4% entre enero y abril de 2026, y que “desde mayo de 2026 hasta agosto de 2026 inclusive, sea del 3% en cada mes”.
La resolución señala que esta gradualidad “mitiga el impacto de la modificación del coeficiente K sobre los usuarios” y procura “amortiguar el efecto tarifario” mientras continúa el proceso de cierre de la brecha.
Además, el artículo 2° instruye a AySA a presentar informes económico-financieros correspondientes al primer y segundo trimestre del año 2026, con el fin de evaluar la evolución del proceso de convergencia.
El organismo regulador destaca que resulta necesario “efectuar la evaluación, realizando un estudio que exponga los objetivos alcanzados y aquellos que se propone alcanzar”.
La resolución también ratifica la continuidad de los mecanismos de protección para los usuarios más vulnerables, al sostener el Programa de Tarifa Social, que permite “neutralizar el impacto tarifario de las medidas” sobre los beneficiarios.
