Quienes figuran como dueños de la mansión de Pilar que se le atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, y que son investigados por lavado de dinero, hicieron una jugada judicial para evitar una decisión clave: la definición sobre en qué juzgado se debe investigar el caso, una discusión irresuelta que lleva medio año y que está en condiciones de tener una definición.
La defensa de Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucia Conte pidieron el viernes pasado «la inmediata paralización de cualquier trámite o medida de ejecución en esta instancia» hasta tanto haya una resolución de fondo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por una apelación que presentaron.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que la presentación fue hecha ante la Cámara en lo Penal Económico. Ese tribunal debe resolver si la investigación continúa en el juzgado federal de Campana -donde quieren que esté Pantano, Conte y la AFA- o si debe regresar al fuero Penal Económico. Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio ya están en condiciones de definir pero ahora se les suma el planteo de la defensa.
El planteo tiene un trasfondo judicial con muchos laberintos pero con el objetivo de demorar una definición. La causa tiene está discusión desde enero pasado cuando se planteó la pelea sobre qué juzgado debe tener el caso. Desde hace seis meses se mantiene la indefinición.
En la causa se investiga la compra de la casa de 105 mil metros cuadrados con helipuerto, galpón en el que había 54 autos de lujo y colección, cancha de paddle y otros espacios que está a nombre de Real Central. La sociedad figura a nombre de Pantano y Conte pero ninguno de los dos tiene la capacidad económica declarada para comprarla.
La sospecha es que el verdadero dueño es Toviggino: en la casa se encontró un bolso de la AFA y una plaqueta del club Barracas Central con su nombre. Además, los 54 autos de lujo tenían cédulas azules -que autorizan a manejarlos- a nombre de familiares del tesorero. Y Pantano tenía una tarjeta corporativa de la AFA con la que pagaba los Telepase de los vehículos y tenía gastos por 50 millones de pesos por mes.
La causa estuvo a cargo del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky que planteó como hipótesis que la propiedad se compró con fondos desviados de la AFA. Pero a pedido de la defensa de Pantano y Conte pidió que pase al juez federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. Y así lo resolvió la Cámara Federal de San Martín y el caso cambió de juzgado.
Pero todos los fiscales que intervinieron señalaron que debía volver al fuero Penal Económico. Así la causa llegó a la Cámara Federal de Casación Penal que a mediados de mayo anuló esa decisión y ordenó que «con celeridad» la Cámara Penal Económico vuelva de decidir qué juzgado debe intervenir.
Pero ante el fallo de Casación, la defensa de Pantano y Conte apeló el 28 de mayo a la Corte Suprema. El abogado Mariano Morán presentó un recurso extraordinario para que intervenga el máximo tribunal y consideró que hasta que eso no ocurra todo el trámite debe suspenderse.
«Habiendo deducido esta parte en tiempo y forma un Recurso Extraordinario Federal ante la Cámara Federal de Casación Penal, queda vedada de modo absoluto la ejecución de resoluciones que no gocen de debida firmeza«, planteó en el escrito que presentó en la Cámara Penal Económico y al que accedió Clarín.
La Sala I de la Cámara de Casación comenzó a darle trámite a la apelación. El fiscal Mario Villar pidió que se rechace el planteo. Ahora debe resolver Casación. Pero en paralelo, la Cámara en lo Penal Económico -ante la presentación de la defensa- le pidió a Casación que informe en qué estado está su apelación.
«Por todo ello, ante la normativa señalada y las garantías constitucionales invocadas, corresponde decretar la inmediata paralización de cualquier trámite o medida de ejecución en esta instancia, ello a fines de evitar posibles nulidades insanables», planteó la defensa y abrió una incógnita sobre la definición del caso.
