La Justicia estima que las maniobras con el dólar oficial durante el cepo K llegan a casi 3 mil millones de dólares

La Justicia estima que, mediante tres tipos de maniobras ilegales, financistas, agencias de cambio y bancos lograron obtener del Banco Central unos US$ 3.000 millones al valor oficial durante el cepo cambiario del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Y como esos dólares luego eran revendidos en el mercado blue a más del doble de su cotización, las ganancias habrían sido superiores a US$ 3.000 millones.

Tres fuentes del Gobierno y de la Justicia calcularon ante Clarín por separado esas cifras sobre la base de los indicios acumulados en las investigaciones por operaciones realizadas entre 2021 y 2023.

Mientras tanto, el fiscal Franco Picardi espera desde hace una semana que el gobierno de Javier Milei le entregue un informe con los nombres de los funcionarios de la gestión del ex secretario de Comercio Matías Tombolini que aprobaron cada una de las SIRA. El objetivo es avanzar en la imputación de un ex funcionario de esa cartera que ya aparece mencionado en otros elementos de prueba. Picardi investiga el pago de coimas para obtener o acelerar autorizaciones de importación.

También aguarda que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) le entregue los chats extraídos de los celulares de cinco funcionarios del Banco Central investigados en la causa. Hasta ahora solo se abrió el teléfono de Adrián Migueles, en el que aparecen conversaciones sobre supuestas coimas. El financista, que exhibe autos Porsche, camionetas Raptor y relojes Rolex, negó las acusaciones en un escrito y afirmó que solo fue “un intermediario”.

Por su parte, el fiscal Carlos Stornelli analiza imputar a funcionarios del BCRA del gobierno anterior por haber omitido controles en la entrega de dólares oficiales a unas 60 agencias de cambio.

A su vez, la jueza María Eugenia Capuchetti espera un informe de Gendarmería sobre maniobras con escrituras falsas utilizadas para acceder a dólares oficiales, mientras la Cámara Federal porteña debe resolver qué juez concentrará las tres causas.

La investigación más avanzada es la que llevan adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Picardi por maniobras con órdenes de importación mediante el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Una fuente oficial estimó ante Clarín que, por esa vía, “se llevaron entre US$ 1.300 y US$ 1.400 millones”.

La magnitud del presunto fraude se refleja en otro dato: el FMI se apresta a aprobar un nuevo desembolso para la Argentina por US$ 1.000 millones.

Las SIRA estaban destinadas a facilitar la importación de medicamentos e insumos industriales esenciales en momento en que el Estado no tenía dólares. Sin embargo, según la investigación, muchos utilizaron los dólares oficiales para comprar aviones o autos de lujo o hacer viajes lujosos por el Mediterráneo como el de Jesica Cirio y Elías Piccirillo a Ibiza de 7 días que habría costado «7 millones de dólares», incluyendo el alquiler del yate Bolt del empresario suizo Krass.

En marzo, el financista Martín Migueles viajó con Wanda Nara a las islas Maldivas, Milán, Japón y Shangai, y paró en hoteles de lujo como mostró la modelo en Instagram.

Y exhibe relojes de altísimo valor como Patek Philippe, Audemars Piguet, Rolex y Hublot, según sus chats que obtuvo la Justicia,

La maniobra consistía en sobrefacturar importaciones o directamente simularlas. Detrás de cada SIRA operaba un banco comercial. Según sospechan los investigadores, en algunos casos se pagaban coimas dentro del Banco Central para garantizar el acceso a los dólares oficiales, luego de haber conseguir la autorización de la secretaria de Comercio y la Aduana.

En otra de las causas, que tramitan la jueza María Servini y el fiscal Stornelli, se investigan maniobras conocidas como “la escalerita”. Allí la magistrada trabó embargos sobre empresas vinculadas a Elías Piccirillo —ex marido de Jesica Cirio—, Maximiliano Vallejos, de Sur Finanzas, y Martín Migueles —pareja de Wanda Nara—, entre otros, por unos US$ 600 millones.

El embargo es de una medida preventiva destinada a ejecutarse en caso de condena para reparar el daño causado al Estado.

La operatoria se apoyaba en la excepción al cepo implementada durante el gobierno de Alberto Fernández, que permitía comprar hasta 200 dólares mensuales por vía electrónica o 100 dólares en efectivo por persona. Según el embargo dictado por Servini, se utilizaron 2.765 personas —algunas de bajos recursos— y 647 empresas para adquirir dólares al valor oficial a través de un banco comercial. Luego, las divisas circulaban entre distintas agencias de cambio, perdiéndose la trazabilidad.

Esa excepción había sido creada por Miguel Ángel Pesce para intervenir en el mercado cambiario cuando subía el dólar blue. Pero, según las fuentes consultadas, el entonces ministro de Economía Sergio Massa amplió el mecanismo el 28 de julio de 2022, lo que habría facilitado las maniobras.

Massa niega haber participado y, a través de allegados, sostiene que “no hay ningún papel” con su firma vinculado a esas operaciones.

En la tercera causa, investigada por la jueza Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano, un informe habla de extracciones por US$ 751 millones.

La agencia Marvic encuadró esas operaciones dentro de una excepción que permitía acceder al mercado oficial de cambios para cancelar “obligaciones en moneda extranjera entre residentes instrumentadas mediante registros o escrituras públicas al 30/08/19”.

Solo esa agencia realizó operaciones equivalentes a US$ 14.601.600 entre el 15 de junio y el 27 de septiembre de 2021. Según la investigación, otras agencias habrían movido cifras aún mayores. El Banco Central recibió vía mail escrituras por falsas deudas contraidas para acceder al dólar oficial. Está denuncia la hizo el mismo ex presidente del BCRA de ese momento Miguel Angel Pesce.

Por lo pronto, Stornelli ya pidió los nombres de los ex funcionarios del Banco Central involucrados en los controles.

El directorio del BCRA en 2023 estaba integrado por Miguel Ángel Pesce, como presidente; Sergio Adrián Woyecheszen, vicepresidente; Lisandro Cleri, vicepresidente segundo; y los directores Zenón Biagosch, Jorge Carrera, Pablo Carreras Mayer, Juan Agustín D’Attellis Noguera, Claudio Golonbek y Eduardo Hecker.

Según una fuente oficial, Cleri actuaba como “un virtual interventor” de Massa dentro del Central y participaba incluso en las negociaciones con el FMI.

Cleri responde políticamente a Massa, quien, a través de allegados, rechaza cualquier vinculación con las maniobras investigadas.

Debajo de ese nivel se encontraba la Dirección de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA, integrada por Romina García, Diego Volcic —inspector jefe—, Analía Jaime —inspectora general—, Fabián Violante —gerente principal— y María Valeria Fernández —supervisora y auditora externa—.

Pesce había designado como superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias al economista Claudio Golonbek, especialista en “economía del arte” y amigo personal suyo, quien —según fuentes de la investigación— habría delegado el control de los expedientes en Zenón Biagosch.

El Banco Central realiza dos tipos de sumarios: administrativos, que pueden derivar en multas, y cambiarios, que pueden terminar en causas penales, como ocurrió en la investigación sobre US$ 100 millones vinculados a la AFA.

En paralelo, la Justicia analiza el audio de Romina García entregado por el policía retirado Carlos “El Lobo” García, arrepentido en la causa madre sobre el presunto operativo armado contra el financista Francisco Hauque, en el que le habrían plantado un kilo de cocaína y una pistola.

Como reveló Clarín en exclusiva, la ex funcionaria del BCRA sostuvo en esa conversación con Piccirillo que las irregularidades eran conocidas dentro del organismo.

“En ese momento denunciamos todo en el banco. Los de arriba sabían las cosas que recibíamos en los teléfonos y nadie hacía nada”, afirmó en uno de los tramos del audio.

Y agregó: “Había gente arriba toda entongada, ¿entendés? Porque si nosotros recibíamos eso, se lo mostrábamos y no hacían nada”.

Sin embargo, en el sumario administrativo abierto por el BCRA, García sostuvo que hizo esos comentarios porque “estaba nerviosa”.

Además, el ex policía Smith declaró que “en plena campaña electoral” trasladó “bolsos con dinero”. Según una fuente judicial, tenía previsto ampliar su declaración, pero “la vertiente política que tomó el expediente lo hizo ser más cauto y esperar el momento propicio”.

Smith está imputado en la causa por el falso operativo contra Hauque, aunque su eventual nuevo testimonio sería sobre la investigación vinculada al Banco Central, en la que no figura acusado.

“Por ahora prefiere no declarar. Lo saldrían a atacar desde la política”, afirmó otra fuente judicial. Pero cuando lo haga, aseguran, su testimonio salpicará a «varios candidatos» del 2023.