A veces “los planetas se alinean”. Pero no por magia o azar. Casi siempre, lo que es casualidad, también tiene mucho de causalidad. Así puede entenderse que justo en la semana que Clarín Rural tenía programada, desde meses atrás, su edición especial sobre protección de cultivos, coincidió con dos fallos de importancia histórica para la producción agrícola en general, y este aspecto en particular.
El mismo día que un Tribunal de Rosario emitió una sentencia absolutoria a productores y técnicos que aplicaron fitosanitarios en la zona periurbana de Pergamino, en el norte bonaerense, la Corte Suprema de Estados Unidos, también este jueves, dictaminó que las demandas contra el uso de glifosato y los presuntos riesgos de contraer cáncer por el uso de ese herbicida pierden fuerza legal en todos los estados de ese país.
Las casualidades que en realidad son causalidades llegan a un nivel conceptual más profundo. Porque hay que dejar bien claro que los jueces no despejaron del todo las sospechas de daño sanitario y ambiental. Coincidieron en que no hay pruebas para avalar las acusaciones de los querellantes, con un criterio que tiene una afinidad elocuente con las notas que integran esta edición, y que –debe enorgullecernos- fueron concebidas y escritas en gran medida antes de conocerse los referidos fallos judiciales (ver páginas 3 a 6). La línea editorial de este suplemento es coherencia madurada a través de décadas, siempre teniendo en cuenta la realidad y la lógica evolución de la sociedad y sus modos de subsistencia y convivencia, con debida atención a la evidencia científica.
En ese marco, el Tribunal Oral Federal N°2 absolvió de culpa y cargo a los siete imputados vinculados a la actividad agropecuaria en Pergamino, incluidos productores, un ingeniero agrónomo y un aplicador. Pero condenó a dos exfuncionarios de la municipalidad local por no haber atendido las alertas vecinales ni haber ejercido el rol de fiscalización que les exigía el Estado.
Los magistrados determinaron que, si bien persisten dudas respecto a que los fitosanitarios pueden generar daños ambientales y de salud en poblaciones cercanas, bajo el rigor de las leyes penales vigentes no se pudo acreditar la responsabilidad directa e intencional de los productores juzgados.
El máximo tribunal norteamericano determinó que el herbicida Roundup no requiere etiquetas de advertencia por cáncer. Con 7 votos a 2, bloqueó la posibilidad de que la empresa Bayer, (que años atrás adquirió Monsanto, la desarrolladora del glifosato) sea demandada en las cortes estatales bajo el argumento de “falta de advertencia”.
El argumento central de los jueces fue tajante: las regulaciones de la escala federal tienen prioridad absoluta sobre los criterios locales. Y la decisión judicial le pone freno a un aluvión de litigios que amenazaba las finanzas del gigante alemán desde 2018, cuando compró a Monsanto por US$63.000 millones, incluido el producto Roundup, a base de la molécula de glifosato.
La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) consideró sistemáticamente que un vínculo entre el producto y la enfermedad es “improbable”, por lo que no exige una etiqueta de peligro en los bidones. Al no existir esa obligación nacional, los tribunales de cada estado no pueden penalizar a la compañía por no haberla incluido.
El veredicto impacta directo en las expectativas del sector agroindustrial y en la previsibilidad de las reglas de juego. “Esta decisión es buena para los agricultores estadounidenses que ayudan a alimentar al mundo”, celebró Bill Anderson, CEO global de Bayer.
El directivo remarcó que el fallo otorga la “claridad regulatoria necesaria” para que las empresas innovadoras sigan desarrollando las herramientas biotecnológicas que garantizan el abastecimiento de alimentos.
