Los gobiernos locales de Florida enfrentarán nuevas restricciones para aumentar el impuesto a la propiedad y deberán ofrecer un mayor nivel de transparencia sobre el manejo de los recursos públicos. El gobernador Ron DeSantis firmó dos proyectos de ley que, según la administración estatal, buscan proteger a los contribuyentes, fortalecer la disciplina fiscal y exigir una mayor rendición de cuentas a los funcionarios locales.
Las nuevas normas corresponden a la Ley del Senado 4-F (SB 4-F) y a la Ley de la Cámara de Representantes 1329 (HB 1329). Ambas forman parte de una estrategia impulsada por el gobierno estatal para limitar la presión fiscal sobre los propietarios de viviendas y ampliar el acceso de los ciudadanos a la información sobre los presupuestos locales.
Uno de los cambios más importantes se encuentra en la SB 4-F, que modifica la forma en que los gobiernos locales calculan la tasa máxima del impuesto a la propiedad que pueden aprobar con mayoría simple. Hasta ahora, la legislación permitía aumentar esa tasa según el crecimiento del ingreso personal per cápita en Florida. Con la nueva ley, ese ajuste desaparece y, en la mayoría de los casos, el límite quedará fijado en la tasa reducida estándar.
Además, la legislación eleva el nivel de apoyo político necesario para aprobar incrementos superiores a ese límite.
Según el gobierno estatal, estos cambios limitarán la capacidad de los gobiernos locales para incrementar la recaudación del impuesto a la propiedad sin un amplio consenso y podrían reducir la tasa impositiva base en muchas jurisdicciones.
La SB 4-F también amplía el espacio destinado al resumen de la propuesta de enmienda constitucional denominada «Save Our Homes from Excessive Property Taxes», que aparecerá en la boleta electoral de noviembre de 2026. El objetivo consiste en ofrecer a los votantes una explicación más completa antes de emitir su decisión.
La segunda norma, la HB 1329, incorpora nuevas obligaciones de transparencia para condados y municipios. A partir de ahora, las administraciones locales deberán publicar en internet información financiera mucho más detallada para que los contribuyentes puedan conocer cómo se utilizan los fondos públicos.
Florida has reduced its budget for four straight years and has demonstrated fiscal responsibility and respect for taxpayers.
Now, we are stepping in to protect taxpayers from taxes at the local level. pic.twitter.com/GoARpY2eyD
— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) June 25, 2026
La legislación también establece informes trimestrales sobre la remuneración de los empleados públicos y fija un calendario anual para el proceso presupuestario con el propósito de mantener la información disponible durante todo el año.
Uno de los puntos centrales de la HB 1329 exige que los gobiernos locales elaboren un análisis para identificar cómo reducir en un 10% el gasto previsto antes de aprobar el presupuesto definitivo. Ese ejercicio no podrá afectar servicios considerados esenciales, como la policía, los bomberos y otras funciones obligatorias por ley.
Con este requisito, el estado busca que las administraciones locales evalúen alternativas para ahorrar recursos antes de sostener que una reducción de impuestos implicaría recortes en servicios públicos fundamentales.
Para la administración DeSantis, ambas leyes representan un nuevo paso dentro de su política de control del gasto, alivio fiscal para las familias y fortalecimiento de la transparencia en la gestión de los gobiernos locales.
