Las denuncias por restricciones a la libertad de expresión en Radio Nacional sumaron un nuevo capítulo con el pronunciamiento del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que advirtió sobre un esquema de censura en la emisora de la provincia de Córdoba y aseguró que registran situaciones similares en otras radios de la red federal que tiene 49 filiales en todo el país.
Desde Radio Nacional rechazaron las acusaciones y afirmaron que se trata de una línea editorial destinada a evitar programas políticos y contenidos de militancia partidaria.
Según FOPEA, las autoridades de Radio Nacional prohibieron realizar entrevistas al aire con funcionarios públicos y establecieron un mecanismo de control previo sobre los contenidos periodísticos. De acuerdo con la denuncia, los productores deben enviar diariamente una planilla con las propuestas de notas, detallando temas y fuentes, para que sean aprobadas o rechazadas antes de salir al aire.
La entidad señaló en un comunicado que esas instrucciones fueron informadas por la gerenta de Emisoras, Gabriela Mambretti, durante una reunión virtual con periodistas de Radio Nacional Córdoba. Como ejemplo, indicó que rechazaron una propuesta para realizar una nota sobre una nueva vacuna pediátrica incorporada por la provincia de Córdoba a su calendario oficial.
El reclamo comenzó a instalarse previamente, cuando la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) denunció un endurecimiento de los controles editoriales en Radio Nacional, cuyo director es Fernando Subirats, que responde al interventor de los Medios Públicos, Carlos Curci.
FATPREN sostuvo que las restricciones alcanzaban a las entrevistas con funcionarios públicos y afirmó que también se prohibió difundir canciones de algunos artistas, entre ellos Lali Espósito. Además, cuestionó el congelamiento salarial de los trabajadores y la reducción de la programación local.
El planteo tuvo el respaldo del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN), que expresó su preocupación por las restricciones denunciadas y por los recortes de horas de programación propia en la emisora.
En ese contexto, el presidente provisorio de la Legislatura de Córdoba, Facundo Torres Lima, emitió una resolución en la que sostuvo que «la Legislatura de la Provincia de Córdoba no puede permanecer ajena cuando se denuncian situaciones que podrían afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información».
FOPEA sostuvo que las medidas denunciadas «anulan la autonomía periodística» e imponen un esquema de censura previa que afecta tanto la libertad de prensa como el derecho de las audiencias a recibir información de interés público. Además, aseguró que los trabajadores manifestaron temor a sufrir sanciones disciplinarias y denunciaron que las directivas nunca fueron entregadas por escrito.
La respuesta de las autoridades de Radio Nacional
Una fuente cercana a las autoridades de Radio Nacional aseguró a Clarín que «no hubo censura en Córdoba ni en ninguna otra provincia». Según explicó, la decisión de la actual conducción es que la radio pública no tenga programas políticos ni espacios de militancia partidaria, aunque remarcó que eso no implica limitar la cobertura periodística.
Respecto del episodio mencionado por FOPEA sobre la campaña de vacunación pediátrica, la fuente sostuvo que la instrucción fue informar a la audiencia sobre la campaña -lugares de vacunación, dosis disponibles y población alcanzada-, pero evitar entrevistas con funcionarios públicos. Y añadió que esa decisión busca impedir que la radio pública sea utilizada para la promoción de funcionarios de gobiernos provinciales o municipales.
La misma fuente aseguró que las 49 emisoras que Radio Nacional tiene en todo el país mantienen programación local, aunque acotada por la reducción de personal. En el caso de Córdoba, precisó que la emisora cuenta con alrededor de 50 trabajadores y produce contenidos propios entre las 10 y las 22 horas. Agregó que durante la primera mañana retransmite, como el resto de la red, el programa conducido desde Buenos Aires por el gerente periodístico Nicolás Yacoy, mientras que algunas franjas nocturnas, especialmente después de la medianoche, también son cubiertas con programación de la cabecera porteña.
Sobre el conflicto que dio origen a las denuncias en Córdoba, la fuente cercana a las autoridades de Radio Nacional sostuvo que la periodista que conducía el programa de la segunda mañana no fue desvinculada de la emisora, sino relevada de la conducción de ese espacio por considerar que tenía un perfil «militante». Según esa versión, el resto del equipo continuó trabajando en el programa y la conducción quedó a cargo de uno de los columnistas que ya integraba el ciclo.
Las autoridades de la radio también rechazaron la denuncia de FATPREN sobre un supuesto veto a determinados artistas. La fuente consultada afirmó que no existe ninguna prohibición para difundir canciones de Lali Espósito ni de otros músicos y señaló que la programación musical incluye habitualmente intérpretes de diversas corrientes artísticas, como Mercedes Sosa y Jorge Cafrune, entre otros.
La fuente consultada enmarcó estas decisiones en un proceso de reestructuración impulsado por el presidente Javier Milei, ya que desde su asunción se dieron de baja unos 600 contratos artísticos -entre conductores, columnistas y productores- con el objetivo de reducir los gastos y que los empleados de planta permanente queden a cargo de la programación. Además, sostuvo que la dotación de la empresa pasó de 2.100 trabajadores a 950, como resultado de retiros voluntarios y la finalización de esas contrataciones.
En relación con otro de los cuestionamientos planteados por FATPREN, la misma fuente afirmó que la negociación salarial comenzó a destrabarse en los últimos días y que los trabajadores percibirán a fin de mes un pago retroactivo del 17% correspondiente a los aumentos acordados desde enero.
FOPEA sostuvo que las restricciones denunciadas no se limitan a Córdoba y que en las últimas semanas comenzaron a registrarse reclamos similares en al menos otras cinco emisoras de Radio Nacional. La entidad calificó el caso como un episodio de «censura» y sostuvo que las medidas denunciadas vulneran la Constitución Nacional y distintos tratados internacionales que protegen la libertad de expresión.
