La administración Trump presentó una demanda contra el estado de Michigan para exigir que entregue datos de los beneficiarios del programa federal SNAP. Esto ocurre luego de que un tribunal de apelaciones ratificara un fallo según el cual Michigan no estaba obligado a dar dicha información.
El pasado 26 de junio, el Departamento de Justicia inició las acciones legales contra Michigan ante un tribunal federal en Grand Rapids. Lo hizo en nombre del Departamento de Agricultura (USDA), encargado del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) a nivel nacional.
La administración Trump presentó demandas similares contra Kentucky, Pensilvania y Minnesota, también para exigir que les entregue esa información.
“El pueblo estadounidense merece un gobierno transparente sobre cómo gasta sus impuestos, ganados con tanto esfuerzo”, dice el fiscal general interino Todd Blanche en un comunicado.
Según la demanda, un análisis preliminar de los datos de los 29 estados que ya han entregado la información solicitada por Trump en una orden ejecutiva firmada en marzo de 2025 «podría haber hasta 3.000 millones de dólares en despilfarro, fraude y abuso no detectados al año solo en esos estados».
Un artículo del Detroit Free Press dice que la fiscal general de Michigan, Dana Nessel, formó parte de una coalición de funcionarios de otros estados que lograron impedir, al menos por un tiempo, que el gobierno retuviera fondos administrativos por negarse a entregar los registros.
Sin embargo, el Departamento de Justicia afirma que aún tiene derecho a exigir los registros «para cumplir con sus responsabilidades legales de supervisar el programa SNAP» y acatar la orden ejecutiva.
Para garantizar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para el programa SNAP, los estados recopilan los siguientes datos:
El gobierno estatal de Michigan había manifestado su preocupación por mantener la privacidad de los datos y su posible uso por parte de las agencias federales, como ICE, para detectar inmigrantes ilegales. Pero Washington afirma que lo que buscan es demostrar un uso indebido de los fondos.
El gobierno federal sostiene que la tasa promedio nacional de errores por sobrepago fue del 9,28 % en 2025, «lo que representa más de 8.800 millones en despilfarro y abuso en todo el país solo en ese año». En Michigan, donde hay 1,4 millones de beneficiarios, la tasa habría sido del 8,66 %.
“Si bien las tasas de sobrepago pueden implicar algún tipo de fraude, también se deben en gran medida a errores administrativos y a la presentación incorrecta de la documentación”, aclara el Detroit Free Press.
“Estos cuatro estados (Michigan, Kentucky, Pensilvania y Minnesota) están obstaculizando los esfuerzos del USDA para garantizar que los miles de millones de dólares en beneficios del programa SNAP que distribuyen cada año no se pierdan por fraude; es inaceptable, sospechoso y no se tolerará bajo esta administración”, agrega el fiscal Blanche.
Luego de que un fallo denegara la entrega de los datos al gobierno federal, la fiscal general de Michigan, Dana Nessel, dijo que “la administración Trump había intentado obligar a las familias a elegir entre proteger su información personal de identificación, que puede ser compartida para cualquier propósito, y recibir comida”.
