Las Universidades nacionales pidieron hoy a la Justicia que intime al Gobierno mileista a cumplir con la ley de Financiamiento Universitario, bajo apercibimiento de iniciar una causa penal por el delito de desobediencia (art. 239 del Código Penal) y multar al Estado nacional por la falta de cumplimiento.
Según pudo saber Clarín, la presentación fue hecha este jueves ante el juzgado federal en lo Contencioso Administrativo n°11 a cargo de Martín Cormick, magistrado a cargo de la causa por incumplimiento de la Ley, y que dictó en diciembre pasado la medida cautelar que ordena cumplir con 2 artículos, la recomposición salarial a docentes y no docentes y el aumento de becas estudiantiles.
Los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) consideran que luego del fallo de la Corte Suprema del 25 de junio pasado, que rechazó el recurso extraordinario del Gobierno, ya no hay más excusas para no ejecutarse la sentencia respecto de la cautelar.
A esto se sumó, como Clarín dio cuenta el martes, el fallo de ese día de la Cámara en lo Contencioso Administrativo –Sala III que a raíz del fallo de la Corte consideró “abstracto” pronunciarse sobre la apelación de las Universidades contra la suspensión de la ejecución de la cautelar. La cautelar de diciembre del juez Cormick había sido suspendida por el propio magistrado, a la espera de la definición de la Corte Suprema.
Así, la representación letrada de las universidades, encabezada por el abogado constitucionalista Pablo Manili, considera que ya se puede ejecutar la cautelar. Si los funcionarios no lo hacen, enfrentan la posibilidad de causa penal por desobediencia y multas. Eso es lo que reclaman a la Justicia.
Según los cálculos de las universidades y gremios del sector, la liquidación de haberes de docentes y no docentes deberá hacerse con un 28,5% de aumento.
Esto, sumado al 21% que ya se otorgó desde la liquidación de julio, pero este aumento fue a causa del acuerdo paritario de fines de mayo, con el cual el Gobierno creyó sacarse el problema de encima. Sucedió que, inesperadamente, la Corte Suprema le rechazó el recurso extraordinario al Gobierno, reactivando así el camino hacia el cumplimiento de la medida cautelar de diciembre, que fue ratificada por la Cámara en marzo.
A todo esto, los gremios del sector ya preparan medidas de fuerza para la próxima semana. Los gremios de la Universidad de Buenos Aires harán un paro el 12 de agosto. En la mayoría de las universidades del país, la semana próxima se inicia el segundo semestre. En números, están involucrados casi 2 millones de alumnos y más de 266 mil docentes y 65.000 no docentes.
El Ministerio de Capital Humano se pronunció este jueves con críticas al paro del 12 de agosto, que consideró “prematuro”. En un comunicado, la cartera de Sandra Pettovello recordó el acuerdo salarial paritario de mayo pasado y dijo que “no hay incumplimiento alguno” al respecto. Pero ignoró, llamativamente, toda mención a la Ley de Financiamiento Universitario y a la cautelar que ordena abonar la recomposición salarial y de becas estudiantiles.
Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (una de las convocantes del paro del 12 de agosto), no descartó demandas judiciales por parte de los gremios, en línea con la que ya hizo el CIN. “Es necesario para la democracia que el Gobierno cumpla con la medida de la Corte Suprema con respecto a la cautelar. No se puede mirar para otro lado”, advirtió.
