Pese a que el Gobierno urdió en las últimas semanas un mecanismo para traspasar la jurisdicción de rutas nacionales a las provincias de Santa Fe y San Juan frente al reclamo de los distritos por el deterioro en sus trazados, ahora la Justicia le ordenó al Ejecutivo que repare «en forma inmediata e integral» las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el departamento santafesino de General López aunque las mismas hayan sido concesionadas. En uno de los tramos de la 33, que enlaza Rosario con Bahía Blanca, los accidentes crecieron un 30%, aseguró a Clarín el intendente de Venado Tuerto y titular de la UCR, Leonel Chiarella.
Justamente la resolución, que deja firme el amparo presentado en 2025 por la senadora nacional Leticia Di Gregorio (UCR), fue rubricada por el el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, que rechazó las argumentaciones de Corredores Viales y el ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger para no hacerse cargo de las obras. Por eso intimó a Vialidad Nacional a dar cumplimiento al fallo.
La intervención judicial se produjo en momentos en que el Gobierno está siendo cuestionado por la parálisis en la obra pública y por el uso que le da al denominado SisVial, un fideicomiso que capta una porción del impuesto a los combustibles líquidos con un objetivo legal específico: financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial. Es que hay miles de millones de pesos que han sido utilizado por el Tesoro para financiarse en lugar del destino previsto. El propio vocero presidencial Adrián Ravier dijo que se ha usado ese dinero para “lograr el equilibrio fiscal” aunque este martes intentó matizar esa aseveración aduciendo que también se utilizarían «para el bacheo» de esas arterias.
Esta supuesta irregularidad llevó a la diputada Victoria Tolosa Paz a denunciar al ministro de Economía, Luis «Toto Caputo, responsable del fideicomiso, por presunta malversación de caudales públicos, que previamente había presentado un recurso de amparo ante el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata para que se garanticen las obras en el tramo bonaerense de las rutas 3 y 5. «La plata de las rutas tiene que volver a las rutas. No a la timba de Caputo», disparó la ex ministra.
Fue la Justicia santafesina la que casualmente este martes dejó firme el amparo presentado por la senadora radical. «El año pasado este mismo juez nos había dado una cautelar, para hacer un bacheo sobre las tres zonas más peligrosas. Pero Vialidad no terminó de completar esas obras porque ´no había plata» y recién ahora sale el fallo del amparo. Si bien el Gobierno puede apelar, tendrá que hacerlas porque es es una medida definitiva», destacó a este diario Di Gregorio.
El magistrado acusó a las firmas estatales mencionadas de haber incurrido en una «omisión prolongada de tareas de mantenimiento y conservación tendientes a dar transitabilidad plena a las rutas bajo examen ha sido con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas».
Y la legisladora explicó que estas tres rutas pasan por la zona sur provincial, donde se forma la «bota» tan característica de su geografía. Y no observó contradicciones con el acuerdo firmado hace semanas por el gobernador Maxi Pullaro en Casa Rosada ya que el Ejecutivo le cedió la ruta A012 «que es una suerte de circunvalación de Rosario, de poco mas 60 kilómetros, que va a los puertos y es fundamental para la producción y estaba muy deteriorada».
Desde 2025 llueven los reclamos de algunas jurisdicciones por los pozos y ondulaciones de rutas que no sólo han multiplicado los accidentes sino que complican la logística del campo y otros sectores fuertes en la exportación de materias primas. «En la ruta 33 hay un gran deterioro y da miedo. Muchos usan rutas provinciales por temor. Pero por ahí pasa el 70% de la producción. Por eso es importante que el juez haya dictaminado que las concesiones no frenan la obligación de Vialidad de realizar el mantenimiento», indicó el intendente Chiarella.
El también presidente de la UCR alertó que no hay tal «ahorro» del Ejecutivo al no hacer las obras ya que, por un lado, aumenta el costo logístico de las firmas exportadoras y también el presupuesto de los hospitales que deben hacer frente a la mayor siniestralidad. «Igual la producción es importante pero acá se juega la vida de la gente. Da miedo andar en esas rutas», concluyó.
Si bien el vocero Ravier intentó este martes aquietar la polémica y argumentar que el sistema de concesiones viales replica el implementado en países como Chile y Perú, donde de «las rutas nacionales no se hacen con el dinero de los contribuyentes sino con inversiones privadas, siguieron los cuestionamientos.
Graciela Aleñá, del sindicato de Viales, recordó que el gremio viene “denunciando hace 2 años el desvió de fondos” por parte del Gobierno, con consecuencias gravísimas para el sistema vial argentino y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
