Diez años después del pago al grupo de fondos buitre que demandó a la Argentina por el default de 2001, el Gobierno ahora apunta a concretar un acuerdo por US$ 171 millones con un puñado de fondos demandantes que se mantuvieron en litigio en los tribunales norteamericanos.
A través de un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo giró al Senado este viernes, la Casa Rosada pidió al Congreso autorización para pagarle ese monto a un grupo de fondos buitre. Los que lideran la operación son Bainbridge y otro consorcio encabezado por Attestor Value Master Fund.
Los abogados que representan a la Argentina en la justicia de Nueva York, donde se llevaron adelante los juicios por los bonos que cayeron en default en 2001, alcanzaron un acuerdo con los litigantes para concretar el pago definitivo que cierre ese frente judicial. Incluye una quita del capital en disputa.
Según el texto oficial, la transacción contempla una quita superior al 30% sobre los montos en disputa y fija pagos por US$ 67 millones para Bainbridge y US$ 104 millones para el grupo Attestor, bajo un mecanismo de “entrega contra pago”, es decir que el Gobierno recibe los bonos en cuestión para su cancelación. Además, se establece que los costos legales corren por cuenta de los acreedores.
El convenio fue alcanzado en marzo pero tiene una fecha concreta para realizar el pago antes de que se vuelva a abrir, eventualmente, la posibilidad de reclamos judiciales. El proyecto de ley menciona la «urgencia del tratamiento legislativo» ya que «los acuerdos establecen como fecha límite de cierre (“Outside Date”) el 30 de abril de 2026«.
«La falta de aprobación parlamentaria luego de dicho plazo provocaría la resolución automática de las transacciones, obligando a la República Argentina a retomar litigios bajo condiciones financieras significativamente más gravosas», planteó el escrito, que lleva la firma del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y del jefe de gabinete Manuel Adorni.
Otro punto que el Gobierno resaltó como decisivo es que con la aprobación de este proyecto caerán demandas de embargo sobre activos argentinos.
Entre otros puntos, se prevé la finalización de demandas que incluyen intentos de embargo sobre participaciones estatales en empresas como YPF, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas, así como el cierre de procesos de investigación sobre activos (“discovery”) que los acreedores venían impulsando.
Según especificó el proyecto, el pago a los dos fondos en cuestión se hará con el presupuesto destinado al pago de servicio de deuda.
En abril de 2016 el Ministerio de Hacienda y Finanzas, que en ese momento encabezaba Alfonso Prat Gay, anunció el cierre de un acuerdo con los principales fondos buitre que demandaban a la Argentina en los tribunales de Nueva York por los bonos impagos por la crisis de fines de 2001.
Los demandantes tenían, a esa altura, sentencia a favor en primera y segunda instancia, y un rechazo de la Corte Suprema norteamericana para reconsiderar el fallo de cámara, por lo que la justicia determinó que el país debía negociar una salida a través de un pago acordado con los fondos. Uno de los negociadores fue Luis Caputo, en ese entonces secretario de Finanzas.
Los dos principales fueron NML Capital y Aurelius Capital Management. Para concretar el pago, el Congreso aprobó la Ley de Pago Soberano y la derogación de las normas “cerrojo” y de “pago soberano” que impedían mejorar las condiciones ofrecidas en los canjes anteriores.
Para conseguir esos fondos, el Gobierno de Mauricio Macri emitió bonos en los mercados internacionales por unos US$ 16.500 millones, en lo que fue una de las colocaciones más grandes de un país emergente en ese momento. Representó el regreso de la Argentina al mercado de deuda internacional.
El pago se concretó el 22 de abril de 2016 y se cancelaron acuerdos con los holdouts por alrededor de US$ 9.300 millones. Un grupo de fondos más chicos eligieron quedar fuera de ese entendimiento y continuaron en tribunales para buscar un acuerdo más beneficioso.
El negocio de los fondos buitre fue comprar los titulos defaulteados a precio muy barato tras el desplome de sus precios y luego litigar en Nueva York para reclamar por el pago completo. Según estimaciones oficiales, en el momento del cierre del acuerdo, la operación les reportó hasta 1000% de ganancia a los holdouts.
