Hace unos días, el Gobierno nacional decidió cambiar la frecuencia de las pruebas Aprender. A partir de ahora, las evaluaciones censales -las que alcanzan a todos los alumnos de determinados años- pasarán a hacerse cada 4 años. Entre una y otra habrá pruebas muestrales, tomadas a una cantidad mucho menor de estudiantes.
Desde la Secretaría de Educación argumentan que la decisión apunta a reducir la “sobrecarga” de evaluaciones sobre las escuelas, evitar superposiciones con otras pruebas nacionales e internacionales y mejorar el “uso pedagógico” de los resultados. También señalan que las evaluaciones censales anuales no suelen mostrar cambios significativos en períodos tan cortos.
Claro que hay otras miradas, que advierten que una menor frecuencia puede implicar pérdida de información detallada de cada escuela, debilitar la cultura de la evaluación -que tanto costó conseguir en el país- y profundizar desigualdades entre provincias con distintas capacidades de producir datos propios.
Y siempre reaparece la sospecha política: que los cambios obedecen a la urgencia de evitar posibles títulos negativos en los diarios.
Es que la discusión no empezó ahora. Desde su creación, las pruebas Aprender fueron cambiando de formato y periodicidad según la administración de turno. Cuando arrancaron, en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, eran censales y anuales. Dos años después, esa misma gestión resolvió espaciar su aplicación: pasaron a hacerse de manera alternada entre primaria y secundaria.
Luego llegó la pandemia y el gobierno de Alberto Fernández volvió a cambiar la frecuencia. Ahora, la administración de Javier Milei introduce un nuevo cambio.
Cada gobierno tuvo sus argumentos. Y probablemente ninguno haya sido del todo arbitrario. Pero justamente ahí aparece el problema: una política pública tan importante para entender qué aprenden -o no aprenden- millones de alumnos depende demasiado de las prioridades y conveniencias de cada gestión.
No pasa lo mismo en buena parte de la región. Uruguay, Chile, Brasil, México, Colombia o Ecuador tienen agencias autónomas encargadas de la evaluación educativa. Organismos técnicos con mayor estabilidad institucional, capaces de sostener metodologías y criterios más allá de los cambios políticos.
La semana pasada, los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade presentaron un proyecto de ley para crear una agencia de este tipo en la Argentina. Ya habían existido iniciativas similares promovidas por Esteban Bullrich y por el propio Ferraro. Pero no avanzan en el Congreso.
Si las pruebas educativas son un instrumento para entender qué pasa en las aulas y orientar la política pública, entonces su diseño no debiera quedar a criterio del gobierno de turno. O se podría correr el riesgo de que se conviertan en un termómetro que se calibra al gusto de cada paciente.
