A pocos días de que el Gobierno le adjudique definitivamente la concesión por 25 años sobre la Hidrovía, el consorcio integrado por la dragadora belga Jan de Nul y la firma de servicios Servimagnus les explicó a las cerealeras una polémica desatada esta semana por su competidor, DEME, que propuso una nueva licitación con una tarifa 17,4% más baja.
Tanto Jan de Nul como DEME propusieron cobrar la misma tarifa de peaje, la mínima dispuesta por el Gobierno en la licitación: 3,80 dólares por cada tonelada de registro neto en una primera etapa, hasta tanto se profundice el dragado. Jan de Nul fue preadjudicada, por haber tenido la mejor oferta técnica, a criterio de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).
Tras la preadjudicación, DEME le avisó al ministro de Economía, Luis Caputo, que la tarifa mínima era más alta que el precio propuesto en la licitación anterior, a principios de 2025. Y ahora Jan de Nul salió a responder que ese precio es producto de «omisión del pago de impuestos, falta de inversión adecuada y necesaria y errores de cálculo de ingresos, incluyendo el cobro de peajes en exceso al máximo permitido».
La carta de Jan de Nul fue firmada por el encargado de Desarrollo de Negocios, Wim Bosteels, y por el vicepresidente de Servimagnus, Leonardo Román, y fue dirigida a Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA), que agrupa a las grandes cerealeras del país, los principales usuarios de la Hidrovía.
Allí, el consorcio que está a punto de quedarse con el dragado, señalización y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal (VNT) sobre el río Paraná señala que «la propuesta de DEME está totalmente por fuera de los canales formales del proceso licitatorio y se sustenta en la omisión del pago del IVA, un bajísimo nivel de inversiones y un error en el cómputo de tarifas».
«Mientras DEME ha incluido una liquidación de IVA de solo 95 millones de dólares durante los 25 años, un cálculo razonable de este impuesto llevaría ese valor al rango de los US$ 1.600 millones», indicaron Jan de Nul y Servimagnus.
En tanto, «con respecto a las inversiones, el Plan Económico Financiero de DEME solo incluye US$ 280 millones de inversión durante los primeros 5 años de concesión, y se mantiene en cero durante los 20 años restantes», explican, mientras que ellos superarían los US$ 850 millones.
«Por último, DEME ha cometido un error significativo al estimar las tarifas de peaje luego de la profundización, modelando tarifas que exceden a los valores máximos permitidos en el pliego. De esta forma, sus ingresos han sido sobreestimados en aproximadamente US$ 370 millones», dijeron.
Jan de Nul y Servimagnus concluyeron que «la oferta de DEME no permite un ahorro en la tarifa porque sea más competitiva, sino que se trata de una oferta que en forma negligente omite el pago de tributos, no invierte en línea con lo exigido en el pliego y asume niveles de peaje por encima del máximo permitido. Así, la existencia de una alta rentabilidad que permite un descuento en la tarifa es absolutamente irreal e imposible de mantener».
