
También sobre el proyecto de reforma electoral el gobierno es víctima de su debilidad de origen. Embalado en la puja con la oposición por Adorni, termina jugando al Titanic en una pelopincho. En política hay disputas de decoradores y disputas de urbanistas. Esta es una disputa de decoradores. Ni la oposición va a tomar el gobierno si se va Adorni, ni el gobierno se va a salvar de su debilidad y de su minoría electoral si lo retiene.
Otra cosa distinta es cuando el gobierno les pide el voto a los gobernadores para la iniciativa. Le responden a Diego Santilli que no van a ceder ni un milímetro a iniciativas electorales del oficialismo si antes no les aseguran desde el gobierno nacional y sus sucursales de La Libertad Avanza, que no se les van a meter en el territorio, como ya hicieron en 2025. Los apoyamos en lo nacional si nos dejan en paz en las provincias. Para darle cuerpo a esta condición, ya circula una iniciativa entre la mayoría de los gobernadores para negociar un acuerdo que busca adelantar las elecciones provinciales y concentrarlas todas en un mismo día.
Si logran ese consenso – al que podrían adherir todos, salvo las provincias que tienen restricciones constitucionales de fecha – lograrían despegarse de la pelea nacional por la presidencia y, en todo caso, negociar individualmente los apoyos nacionales respectivos. Este desacople generalizado implicaría un contrato prenupcial para que cada cual se la juegue por las suyas.
El gobierno no quiere PASO para desarmar a la oposición
El marasmo legislativo ha congelado la eliminación de las primarias PASO. El gobierno no tiene un plan estratégico para las elecciones del año que viene. No tiene partido, ni dirigentes ni programas. Depende del voto y de estructuras prestadas por otros aparatos, especialmente los que integraban Cambiemos. En realidad, no sabe hoy si le conviene PASO o no PASO, y como no tienen partido ¿qué PASO tendrían?
Lo que le interesa es quitarles a sus adversarios cualquier herramienta que los pueda beneficiar. Para eso está la consigna de derogar el sistema. Se trata, en el fondo, de una estrategia para desarmar y desfinanciar al adversario.
Para prevenirse de esto, un sector gravitante del radicalismo pidió color en ese tapete, con una carta dirigida al Comité Nacional del partido, reclamando un pronunciamiento lo más urgente posible en favor de las PASO. La firman Jesús Rodríguez, Mario Negri, Ernesto Sanz, Adolfo Stubrin, Facundo Suárez Lastra, Walter Cevallos y Lilia Puig.
En la presentación afirman que el sistema «es una herramienta indispensable para la construcción y sostenimiento democrático de coaliciones políticas, dado que permite que los candidatos surjan del voto popular de la ciudadanía, seleccionando a las fuerzas políticas que demuestren un piso de aval electoral. Hacemos hincapié en la defensa del principio de Equidad Electoral a efectos de facilitar la competitividad entre todas las fuerzas políticas y/o coaliciones que participen del proceso de selección democrática». La moción tenía este fin de semana más de un millar de firmas de afiliados radicales.
Reflotan hasta la ley de lemas
El gobierno ha hecho filtrar la idea de reflotar las viejas «colectoras». Implicaría que un candidato a presidente podría ir sostenido por varias listas a legisladores nacionales. Esa costumbre de manipulación del voto ajeno, pariente de la ley de lemas, abominable sistema que ha ido desapareciendo, fue prohibida por un decreto de 2019 que firmó Mauricio Macri. Lo remachó alguna sentencia de la Cámara Nacional Electoral, pero podría ser resucitada por otro decreto.
Ahora vuelve a hablarse hasta de ley de lemas. Es en La Rioja, adonde el gobernador no tiene reelección y el oficialismo peronista se agita en la puja entre tres precandidatas a sucederlo. Una es la esposa de Ricardo Quintela, la diputada nacional Gabriela Pedrali, otra es la actual vicegobernadora Teresita Madera y la tercera es la senadora nacional Florencia López.
Quintela y su entorno – Pedrali y Madera – quieren lemas para sumar votos ajenos. López cree, en cambio, en la conveniencia de unas PASO provinciales, porque es un sistema para ganar o perder. En este juego, hay quien especula que las aspiraciones nacionales de Quintela están ligadas a la gravitación dentro del PJ Nacional de la senadora López. El anclaje nacional puede ser una mesa de trueque para darle juego en el armado nacional al gobernador.
En la trama juegan otros personajes. Uno es Wado de Pedro, organizador de la visita de los obispos a la Cámara de Senadores esta semana, por su relación con Dante Braida. Es el obispo de La Rioja y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y Wado lo visitó en marzo pasado junto a Mariano Recalde, cuando se tensaban las relaciones con Axel Kicillof y su aliado Quintela. Otro que querrá poner alguna es Martín Menem, que aspira a disputar la gobernación desde el retro menemismo transversal de La Libertad Avanza.
Desembarca el Papa en el Senado
El largo viaje del Papa a la Argentina comienza, figuradamente, esta semana en el Senado. Después de que el presidente del Perú confirmara en la sede papal el viaje de León XIV a su país, la Argentina y Uruguay, el episcopado católico urdió una aparición de los obispos este miércoles en la Cámara Alta. Será para argumentar sobre su rechazo al capítulo “Tierras” de la llamada ley de Inviolabilidad de la Propiedad.
La gestión surgió del interbloque del peronismo en la reunión del miércoles a la noche en el quincho de la sede partidaria de la calle Matheu. El peronismo rechaza en bloque la iniciativa en el capítulo que se refiere a la venta de tierras a extranjeros. Es una desregulación que liberaría las restricciones que existían para que la superficie ocupada por extranjeros no supere el 15% del total del país. Victoria Villarruel pone su granito de arena y colabora con los organizadores. Aseguró el miércoles, en un aparte de Labor Parlamentaria, que les dará a los obispos los salones que necesiten para que expresen su opinión sobre el proyecto.
Tierras: “Contra el designio de Dios”
Los argumentos del episcopado fueron presentados por la Pastoral Social de la Iglesia que encabeza Braida en un comunicado que repudia el proyecto que ya tiene dictamen de mayoría y fecha para tratarse el jueves 25 de junio, junto con el proyecto de interpelación a Manuel Adorni.
El argumento más duro de los obispos es que 1) «atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse»; y 2) «deja sin efecto las limitaciones vigentes para la compra de tierra por parte de extranjeros —personas físicas o empresas— y, en particular, la posibilidad ilimitada de acceder a aquellas ligadas a reservas de agua y otros bienes naturales».
Según los obispos, la iniciativa se aparta de la doctrina acuñada por San Juan Pablo II cuando dice que no es conforme con el designio de Dios, usar este don de modo tal que sus beneficios favorezcan sólo a unos pocos.
Se copian hasta la plataforma de Trump
Esa doctrina no deja muchos resquicios al debate con la posición contraria que sostiene el gobierno, justificada por el malestar que le causa la baja calificación que recibe la Argentina en el ranking de libertades económicas de la «Heritage Foundation».
Lo que dice la Iglesia se apoya en una encíclica de un Papa santo como Juan Pablo II. En el otro rincón del ring, la «Heritage Foundation» es un think tank que se define como «conservador y de derecha» y es la responsable del voluntarioso plan «Project 2025», plataforma del segundo mandato de Donald Trump.
Como éste es un gobierno sin partido ni programa ni funcionarios, agarra cualquier plataforma ajena y la hace propia – ya lo hizo con la de Cambiemos. Una tomadura de pelo a nivel Adorni. Ese mamotreto de más de 1.000 páginas es el origen, por ejemplo, de la salida de Estados Unidos de organizaciones internacionales, y del recorte a las ayudas globales de la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) que redujo un 42% de la ayuda humanitaria mundial.
Es difícil que haya una conciliación entre las posiciones tan confrontativas entre la Iglesia y el programa de Trump. Los dignatarios de la Iglesia ya lograron voltear el capítulo del proyecto que abolía prácticamente las bases del programa de la Ley de Villas. Bastó un vareo por el senado de monseñor Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata, para que el gobierno retirara la iniciativa que agraviaba la obra política más importante para la Argentina del papado de Jorge Bergoglio, hecha ley durante el gobierno de Mauricio Macri. Que este contraataque de la Iglesia se produzca en los mismos días cuando el papa León XIV confirme su viaje le pone morbo a lo que puede pasar esta semana.
De inviolabilidad a relación consentida
El Senado es el campo olímpico de la batalla política. Como juega de visitante, el gobierno acumula derrotas. El bloque oficialista aumentó su representación en las últimas elecciones, pero cuando intenta sacar normas de arrebato la cámara le hace sufrir la localía. La última paliza fue el intento de rechazo del pliego de una candidata a jueza por la sola e inimputable condición de ser la cuñada de un periodista. Los senadores no sólo rechazaron la moción oficial, sino que además lo hicieron por 2/3 de los votos.
Otro ejemplo es que le han pasado por la garlopa el proyecto de Inviolabilidad, que termina como una relación consentida. En particular en lo que se refiere a la venta de tierras a extranjeros, sean estados o individuos. El dictamen que circula esta semana es el borrador número 12 y tiene chances de ser aprobado en la sesión del jueves próximo porque lo han terminado de redactar en el bloque de la UCR, que tiene 10 senadores y funciona hoy como una minicámara revisora de todo proyecto que para por la casa.
Olivos manda a decir que Adorni tiene fecha de salida
En la sesión del miércoles de la Comisión de Labor Parlamentaria, los jefes de bloque acordaron tratar el próximo jueves, como primer tema, la interpelación a Manuel Adorni. La oposición tiene los votos para habilitar el tema y ponerle fecha a la interpelación. Estiraron la agonía al pie del cadalso una semana más, hasta el 2 de julio. Lo hacen con la tranquilidad de que antes de esa fecha el gobierno lo sacará del cargo – una eventualidad que repiten los senadores de La Libertad Avanza que hablan con Ignacio Devitt, su enlace en el congreso, un vocero sin filtro.
Como parte de ese acuerdo, la oposición admitió que se trate la Ley de Inviolabilidad y Patricia Bullrich debió prometerle al bloque de José Mayans que le haría conocer el texto del dictamen. «- No nos vengan como siempre con un dictamen que solo conocen ustedes y nos lo dan minutos antes de la sesión», se quejó el formoseño en la reunión de Labor Parlamentaria.
Desde el jueves circularon copias en donde se leen las restricciones severas que impondrá a la venta de tierra a extranjeros y cómo se redoblan cuando se trate de estados que quieran comprar tierras en zona de seguridad fronteriza. La letra del dictamen enumera todas las figuras societarias que están prohibidas porque pueden esconder la voluntad de algún estado extranjero. El art. 25° de la letra final que acordaron ellos, le alcanza la prohibición: «Queda prohibida la adquisición de tierras rurales por parte de los siguientes sujetos, salvo expresa ley del Congreso Nacional”, y enumera una docena de tipos de sociedad que pueden esconder una relación con un estado extranjero.
Gringos en estado de asamblea
El gobierno amagó con introducir en el proyecto una cláusula doctrinaria que defiende la equiparación de los extranjeros con los nacionales. Es una invitación a que se judicialice la norma en caso de ser aprobada. Pero falta aún que la Cámara digiera el efecto de la visita de los obispos el miércoles, envalentonados por la inminencia de la gira papal. Si la ley no sale habrá mucha preocupación en la Heritage Foundation, que puede declararse en estado de alerta y movilización.
A esta altura de la crisis Adorni, lo que se inició como un paseo de entrenamiento y fidelización del gobierno con su propia tropa empieza a dañar las relaciones con los aliados y arruina las posibilidades de facilitar la sanción de normas que necesita la gestión. La debilidad que expresa este episodio es lo que aumenta la desconfianza que sostiene los niveles de riesgo país, una métrica que mide cuánto futuro le puede asegurar un gobierno a un inversor y cuánto le va a cobrar de tasa para prestarle plata.