Después de la sesión en la que el bloque de la UCR ayudó al oficialismo a evitar la interpelación de Manuel Adorni en Diputados, previo a la renuncia del funcionario, los cinco radicales que integran el bloque de Provincias Unidas (PU) le mandaron una carta al titular del Comité Nacional, Leonel Chiarella, y al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, para que le quiten el sello de la «UCR» al bloque presidido por la cornejista Pamela Verasay.
A la par, la militancia lanzó una juntada de firmas digitales para que «dejen de ensuciar el nombre de la UCR».
Las cartas fueron firmadas por los porteños Martín Lousteu y Mariela Coletta; el bonaerense Pablo Juliano y los jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, que responden al gobernador Carlos Sadir.
En la carta a Chiarella señalan que la conducta del bloque que preside la mendocina Verasay -que responde al aliado electoral de Javier Milei, Alfredo Cornejo- «resulta incompatible con los principios históricos del radicalismo, con su Carta Orgánica y con las decisiones adoptadas por sus órganos de conducción».
Concretamente le objetaron que no dieron quórum en la sesión pedida para interpelar a Adorni. «El comportamiento de dichos legisladores no sólo impidió que se habilitará ese mecanismo institucional, sino que además provocó que la opinión pública asociara a la UCR con la garantía de impunidad para el Jefe de Gabinete», señalan.
Pero además, le recuerdan que en la votación del Presupuesto 2026, había un artículo que derogaba la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia de Discapacidad y que «en abierta contradicción con el mandato expreso de la conducción partidaria, tres diputados y diputadas de ese bloque votaron a favor de la derogación, dos se abstuvieron y solo uno votó en contra».
A Martín Menem, por su parte, le mandaron una misiva «a fin de solicitar que se revise la utilización de la denominación “Unión Cívica Radical” (UCR)» por parte del bloque de Vesaray.
Señalan que la Cámara cuenta con otros afiliados a la UCR «que no se sienten representados por las posiciones políticas, legislativas e institucionales» de esa bancada y que la idea no es «limitar la libertad de organización de los bloques» sino «preservar institucionalmente la denominación ‘Unión Cívica Radical’ hasta tanto las autoridades partidarias resuelvan las controversias existentes».
Desde la Cámara Baja señalaron que «no es potestad de la Presidencia» tomar este tipo de decisiones y que es un tema que «tienen que resolver políticamente ellos».
Mientras tanto, la militancia publicó un formulario online para que otros afiliados completen con el fin de sumar presión para «que dejen de ensuciar el nombre de la UCR».
«Exigimos que dejen de usar el nombre y el logo partidario de la Unión Cívica Radical, ya que su accionar se aparta reiteradamente de los principios del radicalismo», señalan. El documento lleva más de 1300 firmas.
Actualmente los legisladores referenciados en el radicalismo están divididos en tres bloques en Diputados.
Así, en el bloque que lleva el nombre de Unión Cívica Radical quedaron los mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri y los chaqueños Gerardo Cipolini y Guillermo Agüero; el entrerriano Darío Schneider (todos entraron por la lista de La Libertad Avanza) y el correntino Diógenes González, que responde a Gustavo Valdés, quien aunque se sumó a Provincias Unidas y compitió contra el oficialismo, sorprendió sumando a su alfil al bloque radical.
En Provincias Unidas quedaron los radicales más duros con el Gobierno: los porteños Lousteau y Mariela Coletta, el bonaerense Pablo Juliano, y los jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, que responden a Sadir.
Por su parte la radical bonarense, Karina Banfi, aliada del senador Maximiliano Abad, se mantuvo en un interbloque: Adelante Buenos Aires; aunque está en interbloque con la UCR, el PRO y el MID.
