FRANCIA CONVIRTIÓ LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADA EN UN DELITO
En 2015, Francia aprobó una ley que convirtió la obsolescencia programada en un delito. La legislación define esta práctica como el uso de técnicas destinadas a reducir deliberadamente la vida útil de un producto para incentivar su reemplazo y aumentar el consumo de nuevos bienes por parte de los consumidores.
La normativa establece sanciones de hasta dos años de prisión y multas que pueden alcanzar los 300.000 euros o el 5 % de los ingresos anuales promedio de la empresa responsable, siempre que se demuestre la intención de acortar la duración funcional del producto.
En 2021, Francia también implementó un índice obligatorio de reparabilidad para diversos dispositivos electrónicos y electrodomésticos. Esta calificación informa a los consumidores sobre la facilidad de reparación y la disponibilidad de piezas.
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