El panorama geopolítico del hemisferio occidental ha dado un giro drástico tras las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien el pasado lunes 11 de mayo de 2026 afirmó estar «considerando seriamente» convertir a Venezuela en el estado número 51 de los Estados Unidos.
— The White House (@WhiteHouse) May 12, 2026
La propuesta surge meses después de la captura de Nicolás Maduro en la Operación Absolute Resolve el pasado 3 de enero, y se fundamenta, según el mandatario, en el valor estratégico de los 40 billones de dólares en reservas de petróleo que posee el país sudamericano. A pesar del entusiasmo de Trump, la actual presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, rechazó de inmediato cualquier intento de anexión desde La Haya, reafirmando que Venezuela es una nación libre y soberana, y no una colonia.
La idea de la «estatalidad» para Venezuela no es nueva en el discurso de Trump, quien ya había sugerido la posibilidad tras la victoria venezolana sobre Italia en el Clásico Mundial de Béisbol en marzo de 2026.
El mandatario sostiene que la administración estadounidense debe dirigir el país hasta que se logre una transición «segura y adecuada», mientras prioriza el acceso de las empresas estadounidenses a las reservas de crudo de la nación de la OPEP. Esta visión se suma a otras propuestas previas de Trump, quien en el pasado ha manifestado deseos similares de anexar Groenlandia por razones de seguridad nacional o incluso integrar a Canadá bajo la bandera de las barras y las estrellas.
¿Venezuela puede ser un estado de EE.UU.? El camino constitucional para una expansión sin precedentes
Desde un punto de vista jurídico, el camino para que una nación soberana se convierta en un estado de la Unión es extremadamente complejo y se rige por la Cláusula de Nuevos Estados de la Constitución de los EE. UU. (Artículo IV, Sección 3).
El primer paso ineludible es la extinción de la soberanía extranjera, lo cual requeriría que el gobierno oficial de Venezuela negocie un Tratado de Cesión que luego debe ser ratificado por dos tercios del Senado estadounidense. Alternativamente, el Congreso podría optar por una Resolución Conjunta de Anexión mediante mayoría simple en ambas cámaras, siguiendo el precedente histórico establecido con Texas en 1845.
Una vez cedida la soberanía, Venezuela tendría que atravesar una fase como territorio organizado de los Estados Unidos mediante la aprobación de una Ley Orgánica por parte del Congreso. En esta etapa, los legisladores deben especificar cómo se aplicará la Constitución estadounidense en la región y otorgar la ciudadanía a sus residentes.
El proceso de estatalidad propiamente dicho comenzaría con un referéndum democrático donde los votantes venezolanos aprueben la medida, seguido de una petición formal al Congreso de los EE. UU.. Posteriormente, se requeriría una Ley Habilitante que autorice a Venezuela a redactar su propia constitución estatal, la cual debe ser republicana y compatible con los principios fundamentales de la Unión.
El último paso del proceso legal culminaría con la Ley de Admisión, que requiere la aprobación por mayoría simple tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, seguida de la firma presidencial que oficializaría a Venezuela como el estado 51.
Sin embargo, analistas y organizaciones como el Servicio de Investigación del Congreso subrayan que esta posibilidad es legalmente implausible sin el consentimiento explícito del pueblo y las legislaturas involucradas. Mientras Trump celebra el flujo de petróleo y las «extraordinarias» relaciones actuales, la resistencia internacional y las complicaciones legales sugieren que el sueño de una Venezuela estadounidense enfrenta obstáculos tan vastos como sus propias reservas de crudo.
