Provincia no adhiere al cambio de Nación y es otra disputa entre Kicillof y Milei

La decisión del gobierno de Javier Milei de implementar cambios en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) que permitirán el ingreso de nuevos prestadores y habilitarán los precios libres para esos chequeos generó un nuevo de conflicto con la provincia de Buenos Aires, que ya adelantó que no adherirá a la resolución.

La medida -que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, definió como «el fin del monopolio de las plantas de VTV”– plantea que “los talleres que se encuentren inscriptos podrán realizar la revisión técnica de todo tipo de vehículos, ya sean de uso particular o comercial, de pasajeros o de carga”. De esta forma, el sistema quedaría unificado bajo un mismo esquema en todo el país.

Horas después de la publicación en el Boletín Oficial, comenzaron a llegar los cuestionamientos. Uno de los primeros en alzar la voz fue el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, quien defendió la continuidad de la VTV en ese territorio, reparó en la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que “ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas».

“Con rutas abandonadas, flexibilizar los controles es una irresponsabilidad. Escuchamos y vemos en redes sociales hablar del fin de un supuesto monopolio, pero poco se dice sobre cómo se va a garantizar que los controles sigan siendo rigurosos y confiables”, señaló el funcionario de Axel Kicillof.

Las modificaciones al sistema de control vehicular propuestos desde el Ejecutivo plantean que “todo Taller de Revisión Técnica (TRT) debidamente calificado y equipado” podrá prestar el servicio. Además, sostiene que “los usuarios del servicio pactarán libremente el precio de las tareas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO)” con el taller en cuestión.

En ese punto, desde el gobierno provincial pusieron el foco en que la VTV es «una herramienta fundamental” para la prevención de accidentes viales y advirtieron sobre los riesgos de flexibilizar controles sin que haya mecanismos de control por parte de las autoridades.

“La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos”, señaló Marinucci en oposición a la administración nacional.

En medio de la polémica, el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a criticar el planteo de la Provincia y apuntó: «Dice Kicillof que va a multar a los conductores bonaerenses? Si es así, creo que será al reves: serán los conductores los que lo multen a él en las elecciones del año que viene».

Y, señaló que «se intenta llevar la discusión hacia la seguridad vial porque no se puede defender el verdadero problema: el monopolio. La revisión técnica obligatoria sigue existiendo. Nadie la eliminó. La Ley Nacional de Tránsito sigue exigiendo que los vehículos sean inspeccionados. Lo que terminamos fue con el privilegio de que esa inspección sólo pudiera hacerse en los talleres que el poder político decide habilitar».

A modo de ejemplo, señaló que «los camiones hace décadas que realizan la RTO en talleres habilitados bajo jurisdicción nacional» por lo que ahora se dispuso «extender un modelo que ya existe y funciona, abriendo la posibilidad para que cualquier taller que cumpla los requisitos técnicos pueda inscribirse, habilitarse y emitir una revisión técnica con validez nacional».

Sturzenegger remarcó que «las provincias aceptan patentes emitidas por la Nación. Los camiones circulan con habilitaciones emitidas bajo normativa nacional. Pero cuando se trata de la VTV aparece una curiosa excepción: algunos sostienen que sólo son válidos los certificados emitidos por los talleres que ellos mismos seleccionan. Eso no es federalismo. Eso es protección de un negocio».

Con cautela y mientras evalúa qué hacer, la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe aclaró que el gobierno de Maximiliano Pullaro analiza la adhesión parcial «para cuidar la economía y la calidad del servicio».

Funcionarios santafesino precisaron que «el sistema santafesino se mantiene sin alteraciones con los 28 espacios habilitados y tarifas controladas por el Estado».

El director de ese organismo, Carlos Torres, sostuvo en ese sentido que «la prioridad será mantener la calidad del control y cuidar a los ciudadanos». «No vamos a hacer nada que perjudique ni el bolsillo de los santafesinos ni la seguridad vial», destacó Torres en declaraciones a radio Dos de Rosario.

En el sur del país, las autoridades de gobierno de Santa Cruz dejaron en claro que «la aplicación efectiva de los cambios dependerá de la adhesión y reglamentación que realice la provincia, ya que cada jurisdicción conserva facultades para administrar, controlar y aplicar los sistemas de revisión técnica vehicular dentro de su territorio».

En línea con la medida del Gobierno nacional, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, presentó un proyecto para desregular el sistema de VTV.

La iniciativa, que obtuvo dictamen este miércoles por la mañana, modifica “la periodicidad de la verificación vehicular y propone que cualquier taller habilitado pueda prestar el servicio, con libertad de precios”. Si bien el Pro también acompañó la iniciativa, desde la oposición peronista surgieron fuertes críticas contra la iniciativa.

La queja de los opositores radicaba precisamente en que la nueva norma no aplica ningún tipo de tope o límite para la actividad de los talleres que vayan a prestar ese servicio.