El Gobierno puso en marcha medidas destinadas a fortalecer la protección de la propiedad intelectual en semillas. La estrategia combina nuevas herramientas de control para variedades protegidas, cambios en materia de patentabilidad biotecnológica y una mesa de diálogo con entidades rurales y semilleras para intentar consensuar una nueva Ley de Semillas y la adhesión de Argentina a UPOV 91.
La primera medida quedó formalizada a través de la Resolución Conjunta 3/2026 de la Secretaría de Agricultura y el Instituto Nacional de Semillas (Inase), que establece un nuevo protocolo para la identificación varietal de semillas a partir de muestras obtenidas en el primer punto de entrega del grano.
La norma introduce cambios significativos en el esquema de fiscalización de variedades autógamas, principalmente soja y trigo. A partir de ahora, actores privados como acopios, puertos y cámaras arbitrales podrán realizar los análisis destinados a identificar la genética de las semillas utilizadas, bajo protocolos acordados con el Inase. Cuando se detecte el uso de una variedad protegida sin el correspondiente reconocimiento económico, la resolución prevé una instancia de negociación directa entre el productor y el obtentor. Sólo en caso de no llegar a un acuerdo, el organismo oficial actuará como instancia administrativa de revisión.
Para el Gobierno, la medida apunta a resolver una de las principales falencias históricas del sistema: la dificultad para controlar el uso ilegal de semillas y garantizar el cobro de regalías por parte de quienes desarrollan nuevas variedades.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la iniciativa al afirmar que la falta de protección efectiva de la propiedad intelectual generó un fuerte atraso tecnológico en la agricultura argentina. Según sostuvo, la escasa protección de los derechos de los obtentores desincentivó la llegada de nuevas variedades y provocó que empresas y desarrollos argentinos encontraran mejores condiciones para expandirse en otros países, especialmente en Brasil.
Como ejemplo, señaló que mientras Argentina registró apenas 23 nuevas variedades de soja en el último año, Brasil incorporó unas 330. A su criterio, esa diferencia ayuda a explicar parte de la brecha de productividad existente entre ambos países.
El funcionario aseguró además que la nueva herramienta no perjudicará a quienes continúan utilizando variedades actualmente disponibles, ya que el esquema reforzado de control sólo se aplicará a los nuevos materiales que se registren a partir de ahora.
A su vez, el jueves se oficializó la Resolución Conjunta 1/2026 de las Secretarías de Agricultura e Industria, que introduce cambios en materia de patentabilidad, especialmente para los eventos biotecnológicos. La norma derogó las resoluciones conjuntas 99/2001 y 810/2001, que habían creado un Grupo de Trabajo Permanente en Propiedad Intelectual integrado por organismos como el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), el Inase, el Senasa y el INTA. Además, eliminó la exigencia de que cualquier modificación vinculada con la patentabilidad de materia viva y sustancias naturales contara con la conformidad previa de la Secretaría de Agricultura. Estas derogaciones, según apuntaron desde la industria semillera, tardaron 25 años en realizarse.
Pero más allá de las resoluciones recientes, el Gobierno busca avanzar sobre una discusión de mayor alcance: la actualización de la Ley de Semillas y la eventual adhesión de Argentina al convenio internacional UPOV 91, que regula los derechos de propiedad intelectual de los obtentores vegetales, sobre todo de las semillas autógamas (soja y trigo).
Con ese objetivo se realizó una reunión entre funcionarios nacionales y representantes de la Mesa de Enlace, CREA, Aapresid y la Asociación Semilleros Argentinos (ASA). El encuentro, que se había pautado en Expoagro, fue presentado como el inicio de un proceso de trabajo destinado a construir consensos que permitan llevar una propuesta al Congreso.
Desde ASA sostienen que UPOV 91 representa el marco internacional hacia el que debería avanzar Argentina para recuperar competitividad e incrementar las inversiones en genética vegetal. Durante las reuniones mantenidas con el Gobierno, el director ejecutivo de la entidad, Alfredo Paseyro, insistió en que el actual esquema perjudica a toda la cadena agroindustrial. “Perdimos todos, no gana nadie”, resumió el dirigente.
Según explicó, el país pierde oportunidades de producción y exportación, los productores obtienen menores rendimientos, los semilleros no logran capturar el valor de sus innovaciones y se reducen las posibilidades de generar empleo e inversiones vinculadas al mejoramiento genético. “La sumatoria es negativa”, sostuvo, al señalar que el estatus quo no está dando resultados y que el desafío es construir acuerdos que permitan incorporar más tecnología al sistema productivo
Según un informe presentado por la asociación, Argentina perdió terreno frente a Brasil en materia de productividad, incorporación de eventos biotecnológicos y desarrollo de nuevas variedades. También advirtieron que empresas nacionales que lideran programas de mejoramiento genético terminan realizando inversiones en otros países debido a la falta de protección adecuada para sus innovaciones.
No obstante, las posiciones dentro del sector distan de ser uniformes. Uno de los principales puntos de conflicto sigue siendo el denominado uso propio de semillas, es decir, la posibilidad de que los productores reserven parte de su cosecha para volver a sembrarla sin pagar regalías adicionales.
Desde Carbap, en cambio, surgieron cuestionamientos a algunos de los argumentos utilizados por el Gobierno. El dirigente Pablo Ginestet sostuvo que resulta incorrecto atribuir la brecha productiva de Argentina exclusivamente a cuestiones genéticas y recordó que factores como las retenciones, la presión impositiva, la infraestructura, el financiamiento y la estabilidad macroeconómica también influyen de manera determinante en los rendimientos.
Según Carbap, la diferencia de productividad en soja respecto de Brasil y Estados Unidos es significativamente menor a la planteada en algunos informes oficiales, por lo que consideran necesario debatir la cuestión sobre la base de información completa y diagnósticos más amplios.
En paralelo, productores nucleados en Apronor mantuvieron reuniones con autoridades de Tucumán para expresar su preocupación por el rumbo de la discusión y solicitar respaldo para acercar sus planteos a legisladores nacionales.
