El gobierno de Bruselas ha vetado el ingreso de carne vacuna brasileña al mercado europeo aduciendo la falta de cumplimiento de las reglas contra el uso excesivo de antimicrobianos (sustancias que inhiben o matan microbios, antibióticos, fungicidas y antivirales) en la ganadería de Brasil.
Esto ha ocurrido a menos de 6 meses después de la puesta en ejecución del tratado de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, que se suponía abría a los productos sudamericanos cupos importantes de carne vacuna en el segundo mayor mercado del mundo, que es el europeo.
El vocero del Ministerio de Agricultura brasileño Luis Rua, señaló que espera que la Unión Europea solucionará lo que sin duda es un “mal entendido” antes del 1º de septiembre, que es la fecha en que el veto dispuesto por Bruselas entra en ejecución.
Claramente, y sin eufemismos, se trata de una medida absolutamente arbitraria de nítido contenido proteccionista.
Ya se había advertido que después del acuerdo con el Mercosur, la UE había comenzado a imponer un número creciente de barreras no tarifarias a Brasil – fácilmente extensibles al resto del Mercosur -; y entonces apareció, en un ejercicio de notable coherencia, el veto a las carnes brasileñas por el uso “indebido” de antibióticos.
La medida ha sido tomada unilateralmente por la Comisión Europea (CE), sin darle a Brasil la posibilidad de presentar sus razones antes de sancionarla; y ahora hay un plazo para que se torne efectivo el veto que se cumple el 1º de septiembre de este año.
Pero, en definitiva, la medida se toma dentro de las múltiples comisiones internas, profundamente opacas y burocráticas, de la CE, sin participación brasileña.
El sistema europeo es absolutamente asimétrico respecto a los países del Mercosur, como una rémora de los tiempos coloniales.
El Ministerio de Agricultura de Brasil les ha recordado a los europeos que “…el comercio internacional es un camino de doble vía; y así como Europa trate a Brasil, así también le será aplicado el principio de reciprocidad en todos sus aspectos”
Todo esto implica que el poderoso lobby agrícola europeo compuesto por productores de todo el Continente, y en especial de Francia, está intacto; y es como se sabe un enemigo visceral de la agroindustria sudamericana, de la que rechazan su superior productividad y capacidad de innovación; y todo esto con menores costos, situación que se mantiene tanto ahora como antes de la firma del Tratado de Asunción.
Estos acontecimientos suceden pocos días después de entrar en vigor el acuerdo con el Mercosur; y la “bienvenida” del gobierno de Bruselas a este acontecimiento producto de 20 años de arduas negociaciones, es esta sanción paraarancelaria por el “uso excesivo de sustancias antibióticas”.
Siempre hay que admirar la “buena conciencia” presentada con argumentos científicos, ambientales, de salud pública, con que la UE viste sus mayores y más ostensibles arbitrariedades burocráticas.
El cálculo del gobierno de Brasilia es que la medida de la Unión Europea puede provocar a Brasil pérdidas por más de U$S 2.000 millones anuales en las exportaciones de carne vacuna; y todo esto porque la UE estima que Brasil no es un país apto “para cumplir con las exigencias europeas por el uso de medicamentos antimicrobianos en la producción animal”.
Lo curioso es que en ningún momento el gobierno de Bruselas ha identificado ningún cargamento de carne contaminada, o que padece de algún tipo de enfermedad animal. Todo se ha resuelto y decidido en las oficinas cargadas de “informes científicos” que nadie lee.
El sistema de poder de Bruselas es absolutamente burocrático y por lo tanto carente de auténtico poder político; y en consecuencia fácilmente penetrable y manipulable por el poderoso lobby agrícola europeo que, a diferencia de los burócratas, sabe perfectamente lo que quiere.
Pero Bruselas, como todos los sistemas puramente burocráticos, es capaz de cumplir reglas, pero es absolutamente impotente para tomar decisiones.
Esta es la forma en que se ejecuta el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, 6 meses después de entrar en vigor, y tras 20 años de haber sido arduamente negociado.
